EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.– El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) prorrogó hasta el próximo 4 de marzo el proceso de recepción de comentarios, observaciones o aportes por parte de la ciudadanía sobre la propuesta de reforma de la Ley General de Telecomunicaciones 153-98, que servirán de base para la actualización del marco legal que rige el sector de las telecomunicaciones en la República Dominicana.
El organismo invitó a los distintos actores del ecosistema de telecomunicaciones, así como a la ciudadanía en general, a revisar el cuadro de lineamientos elaborado por Indotel, que resume los criterios y orientaciones fundamentales de la propuesta de reforma de la Ley General de Telecomunicaciones núm. 153-98, ya remitir observaciones, comentarios y sugerencias que contribuyen a su fortalecimiento.
De acuerdo con una nota de prensa, el período para el envío de aportes se encuentra abierto desde el martes 23 de diciembre de 2025 hasta el miércoles 4 de marzo de 2026. Las opiniones pueden ser remitidas al correo electrónico consultapublica@indotel.gob.dohabilitado específicamente para este proceso participativo.
Los interesados pueden acceder al cuadro sinóptico a través de los canales oficiales del Indotel, como parte de un ejercicio de transparencia y apertura institucional que busca recoger visiones técnicas, jurídicas y sociales en torno a la transformación del sector, o accediendo directamente al enlace: https://indotel.gob.do/cuadro-sinoptico-lineamientos-reforma-ley-telecomunicaciones.
La actual Ley General de Telecomunicaciones 153-98 constituye el principal instrumento normativo que regula el desarrollo, la prestación de servicios y la competencia en el sector de las telecomunicaciones en el país desde hace 27 años. Ante los avances tecnológicos, la convergencia digital y los nuevos modelos de negocio, resulta necesario adecuar este marco legal a las dinámicas actuales del mercado y las demandas de los usuarios.
En ese contexto, el órgano regulador de las telecomunicaciones impulsa este proceso de consulta pública como un paso previo a la formulación de una propuesta de reforma integral, alineada con las mejores prácticas internacionales, que garantiza mayor eficiencia regulatoria, fomenta la innovación, protege los derechos de los usuarios y fortalece la institucionalidad del sector.
