La Contraloría también solicitó al ministro de Defensa entregar el expediente contractual del acuerdo.
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Un juez de la República ordenó al presidente Gustavo Petro y al Ministerio de Defensa entregar en un plazo máximo de cinco días la información solicitada sobre la compra de 17 aviones de guerra Gripen, contrato con un valor de COP 16,5 billones. La decisión se produjo tras una acción de tutela interpuesta por el congresista David Luna.
La tutela presentada por Luna contra la Presidencia, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Hacienda se basó en una presunta vulneración de sus derechos fundamentales de petición, acceso a la información pública, participación política y acceso efectivo a la administración de justicia.
En el escrito, el congresista advirtió que «la contratación ha generado un debate público amplio por el costo de cada aeronave y por el impacto fiscal del negocio. Algunos medios han señalado que cada avión tendría un valor cercano a 215 millones de dólares y han informado que la Contraloría General de la República anunció que revisará la operación y pondrá la lupa sobre el contrato».
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Efectivamente, el pasado 19 de diciembre, la Contraloría solicitó formalmente al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que explicara la compra de los 17 aviones Gripen E (monoplaza) y Gripen F (biplaza). Entre los requerimientos, el ente de control pidió anexar los soportes de las distintas alternativas evaluadas, así como las razones técnicas y económicas que sustentaron la decisión final.
Tras la admisión de la tutela, el 1 de diciembre, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público respondió tres días después que, según los hechos y pretensiones expuestas, ninguna de las solicitudes correspondía a su competencia. La cartera agregó que “no es la encargada de ejecutar el presupuesto asignado al Ministerio de Defensa Nacional, ni remitir el contrato celebrado con la empresa Saab para la adquisición de aeronaves Gripen, sino que es competencia del Ministerio de Defensa”.
Por su parte, ni la Presidencia ni el Ministerio de Defensa Nacional remitieron informes dentro del proceso. Ante esa falta de respuesta, el Juzgado Veintinueve Administrativo del Circuito de Bogotá concluyó que ambas entidades “se encuentran vulnerando el derecho fundamental de petición y el acceso a la administración de justicia del accionante, comoquiera que no se evidencia que las citadas entidades accionadas hayan emitido respuesta alguna respecto a las solicitudes” del congresista.
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La información requerida incluye 24 preguntas relacionadas con la adquisición de las aeronaves Saab Gripen E/F, entre ellas los costos, el contenido del contrato, los compromisos de transferencia tecnológica, los análisis técnicos realizados por la Fuerza Aérea Colombiana y la justificación del precio final del negocio.
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