El grupo de Junts, principal fuerza de la oposición en Catalunya, ha vuelto a exigir este martes al Govern de la Generalitat que deflacte los tramos autonómicos del IRPF y que suba el mínimo exento de tributación para que los ciudadanos tengan más poder adquisitivo en el marco de la escalada de precios de la energía y el carburante por la guerra de Irán, una cuestión que puede contagiar al resto de la economía y provocar una crisis inflacionaria. También el PP ha planteado esa misma demanda y el resto de grupos de la oposición han tachado de insuficiente el paquete de medidas anticrisis de Salvador Illa, dotado con 400 millones de euros y aprobado hoy por el Consell Executiu.
El portavoz parlamentario de JxCat, Salvador Vergés, ha señalado este martes en rueda de prensa que su grupo insistirá en esta cuestión y que su voluntad es llevarla al Parlament en una proposición de ley o bien que intentarán incluirlo en el decreto del Ejecutivo catalán si se tramita como proyecto de ley. “Queremos que se incluya, da igual la fórmula”, señalan fuentes de los posconvergentes, que creen que pese a la negativa de la consellera de Economía i Hisenda, Alícia Romero, de estos últimos días el conseller de Empresa i Treball, Miquel Sàmper, ha dejado hoy la puerta abierta en función de cómo evolucione el conflicto.
«Son muchos millones de euros que afectan a los bolsillos de los ciudadanos. La inflación llena la hucha de la administración a costa de vaciar los bolsillos de los ciudadanos», ha aseverado Vergés al respecto durante la rueda de prensa, en la que también ha considerado que el paquete de ayudas del Ejecutivo catalán es «insuficiente» e «inconcreto». “No se puede considerar propiamente un plan de choque”, concluyó.
Este diagnóstico es compartido por los grupos parlamentarios, aunque a su vez algunos también han reconocido que hay medidas específicas que van “en la buena dirección” y ERC y Comuns han sacado pecho de que el Govern haya atendido varias de las peticiones que trasladaron en las dos reuniones que se han celebrado entre el Executiu y los partidos desde el estallido del conflicto en Oriente Medio.
Desde Esquerra Republicana, su portavoz parlamentaria Ester Capella ha reprochado esa “falta de concreción”. Pese a destacar que “se trata de un primer paraguas y que habrá que ir actualizándolo”, Capella ha instalado al Govern a tener “más en cuenta la participación de los grupos en el diseño de las propuestas” y que se haga un “seguimiento efectivo de la implementación” de las acciones que constantes en este paquete.
Además, los republicanos insisten en la necesidad de que Catalunya pueda “decidir, diseñar y gestionar” los fondos que lleguen desde el Estado y desde Europa para hacer frente a esta crisis: “Queremos que el Govern levante la mano y haga entender al Gobierno que Catalunya tiene que poder tener su voz en estas medidas”.
Por parte del otro socio del Ejecutivo catalán, los Comunes, su líder Jéssica Albiach ha tildado el escudo social “de mínimos y demasiado inconcreto”. La ecosocialista ha lamentado que buena parte de estos 400 millones son créditos del Institut Català de Finances (ICF) y ha puesto el foco en la línea de 30 millones para ayudas a familias porque “no se concreta cómo se podrá acceder, ni qué condiciones o situaciones ni cuándo”. Al mismo tiempo, los comunes plantean recuperar el convenio con las empresas energéticas para “combatir la pobreza energética”, que se pongan en marcha una “unidad antiespeculación de precios” y un complemento a la infancia incluida en la Renta Garantizada de Ciudadanía.
El PP ha criticado que la respuesta del Govern llega “tarde” y, pese a afirmar que las ayudas al sector exportador y agrícola son “correctas”, considera que el problema de este paquete es que “solo destina 30 millones a las familias vulnerables” y “0 euros a aliviar la carga fiscal de las clases medias”. El portavoz popular Juan Fernández ha aseverado que esta respuesta tendría que ser “más ambiciosa, equilibrada y justa” y que la cuestión ya se subyace en el “enfoque” de la misma: “No se trata de resistir una crisis, sino de salir más fuertes de esta”.
Joan Garriga, de Vox, también ha coincidido con el PP en que el paquete de ayudas “llega tarde” y lo ha tachado de “tomadura de pelo”. La formación ultra carga contra el hecho de que el Govern “solo actúe cuando hay conflicto”. En palabras de Garriga, en Catalunya hay “una guerra diaria de los catalanes” para llegar a fin de mes, para pagar el alquiler o poder comprar una vivienda habitual: “Estas ayudas tendrían que estar siempre, no solo cuando hay guerra”.
Y la CUP subraya que el problema es que la política catalana está “subyugada” a la estatal. La diputada Laure Vega ha criticado que se incluyan algunas rebajas fiscales y que ello no vaya acompañada de topar precios. Los anticapitalistas sostienen que el “compromiso” del Govern de “revisar y analizar” las subidas inflacionarias en los precios tiene que ir acompañado de sanciones: “Estamos hablado de un Govern, no de un observatorio”. En este contexto, la CUP cree que las ayudas a las empresas -además de estar condicionadas a que no haya despidos, como ya se ha aprobado- tienen que ir ligadas a que no haya deslocalizaciones. Vega ha defendido que Catalunya debería tener “competencias totales” en empresa y trabajo.
