Desde el pasado 1.º de enero, Colsubsidio dejó de dispensar medicamentos a los usuarios de la Nueva EPS, en una decisión que se produjo luego de meses de tensiones por la falta de pagos de la aseguradora y que, en última instancia, terminó afectando a 1,6 millones de usuarios —de los más de 11 millones de afiliados— que recibieron sus medicamentos a través de este gestor farmacéutico.
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Todo esto profundiza la crisis que enfrenta la Nueva EPS, actualmente en manos del Gobierno tras haber sido intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud en abril de 2024. Desde entonces, el remedio a los problemas de la aseguradora de salud más grande del país ha resultado peor que la enfermedad: se han disparado las quejas de los usuarios, los indicadores financieros —en su mayoría ocultos a la opinión pública— han empeorado y las deudas han llevado a un número creciente de hospitales y gestores farmacéuticos a suspender la prestación de servicios a los afiliados, quienes terminan pagando los platos rotos.
Basta con observar las largas filas en las sedes administrativas de la EPS, registradas en los últimos días en distintas ciudades del país, protagonizadas por usuarios que antes tramitaban sus fórmulas médicas en Colsubsidio y que hoy no saben cómo reclamar sus medicamentos. A ellos se suman los 2,4 millones de pacientes que hasta noviembre de 2025 retiraron sus medicamentos con Disfarma, gestor farmacéutico que también dio por terminado su contrato con la Nueva EPS por falta de pagos.
La situación es tan crítica que la Defensoría del Pueblo tuvo que emitir una alerta ante el inusual incremento en el número de quejas y reclamos contra la Nueva EPS en lo corrido del año. “Identificamos un alarmante aumento y acumulación de casos por la dispensación inoportuna de medicamentos asociados al gestor farmacéutico Colsubsidio”, señaló la entidad en un comunicado.
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Por su parte, la defensora del Pueblo, Iris Marín, afirmó que “la crisis se evidencia en la interrupción de servicios, suspensión de procedimientos, cancelación de citas y fallas graves en la entrega de medicamentos, poniendo en riesgo la vida y el bienestar de las y los pacientes”.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, reportó un incremento en las quejas de los usuarios de Nueva EPS. Foto:CESAR MELGAREJO /CEET
Las deudas de la Nueva EPS no se limitan a los gestores farmacéuticos. De hecho, a lo largo de 2025 fueron frecuentes las noticias sobre clínicas y hospitales que suspendieron la atención a los usuarios de la aseguradora por obligaciones multimillonarias pendientes. El caso más reciente es el del Hospital San Rafael de Tunja y el Hospital Regional de Sogamoso, que desde el 1.º de enero de este año dejaron de atender a pacientes de la EPS debido a deudas de 137.000 millones y 37.000 millones de pesos, respectivamente.
No es el único episodio. Situaciones similares se han presentado con la Clínica Shaio en Bogotá; el Hospital Regional de la Orinoquia, en Yopal; el Hospital Universitario San Jorge, de Pereira; el Centro de Rehabilitación de Boyacá; el Hospital San Rafael, de Pasto, y al menos otros cinco hospitales de diferentes regiones del país. También ocurrió con el Hospital San José y la Fundación Santa Fe de Bogotá, la Fundación Cardiovascular y varios hospitales públicos de Antioquia. En algunos casos se lograron acuerdos para evitar la suspensión definitiva de los servicios, en otros los usuarios ya no son atendidos.
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No es para menos. Un reciente informe de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) encontró que las EPS intervenidas por el Gobierno son las mayores deudoras del sistema hospitalario, siendo el caso más preocupante el de la Nueva EPS, que solo entre diciembre de 2024 y junio de 2025 pasó de una deuda de 5 billones de pesos a 6,69 billones. Es decir, sus obligaciones crecieron en 1,7 billones de pesos, lo que representa un aumento del 33,7 por ciento.
Lamentablemente, no es posible conocer la dimensión total de la crisis financiera de la Nueva EPS. Esto se debe a que, desde 2024, la entidad no reporta sus estados financieros, como están obligadas por ley todas las EPS.
Así lo han constatado distintos actores del sector, como el Observatorio Así Vamos en Saludque en su más reciente informe sobre el desempeño financiero de estas entidades —con corte a octubre de 2025— señaló que el déficit del sector se había triplicado en los últimos tres años, especialmente entre las EPS intervenidas por el Gobierno. Todo ello sin contar con la información de la Nueva EPS. Sin embargo, a partir del crecimiento de la deuda reportada por hospitales y gestores farmacéuticos, de contarse con los datos de esta aseguradora, el hueco financiero sería considerablemente mayor.
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Incremento en las quejas y reclamos de usuarios de la Nueva EPS
En última instancia, el aumento de la deuda y la terminación de contratos con gestores farmacéuticos y hospitales golpean principalmente a los usuarios. Esto se refleja en que, desde la intervención a la Nueva EPS, las quejas y reclamos en salud contra esta aseguradora se han disparado de manera inédita.
Solo entre enero y junio de 2025 se reportaron 179.666 reclamos contra la Nueva EPS en el régimen contributivo, de acuerdo con cifras de la Superintendencia Nacional de Salud, las más recientes disponibles, debido a que el portal de la entidad se encuentra fuera de servicio. Esta cifra corresponde, además, a la tasa más alta de quejas por cada 10.000 afiliados entre todas las EPS del régimen contributivo y representa un incremento del 70 por ciento frente al primer semestre de 2024, cuando se registraron 105.163 reclamos. También supone un aumento del 78,8 por ciento frente a 2023, antes de la intervención, cuando el reporte fue de 100.473 quejas.
En el régimen subsidiado, las 64.750 quejas del primer semestre de 2025 reflejan igualmente un aumento del 34,4 por ciento frente a las 48.154 registradas en el mismo período de 2024.
De acuerdo con Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia“esta situación afecta a más de 11,5 millones de afiliados en todo el país, que tienen que decidir si compran alimentos o medicamentos, teniendo en cuenta que los fármacos de alto costo no se venden en farmacias por su valor y porque históricamente han sido suministrados por el Estado. Es incoherente que desde el Ministerio de Salud se siga defendiendo el discurso de que el dinero alcanza y de que el problema radica en la administración de las EPS”.
Por su parte, Néstor Álvarez, presidente de la Asociación de Pacientes de Alto Costoseñaló que «la crisis humanitaria de los pacientes de la Nueva EPS se acentúa cada día. Ahora, con la salida de Colsubsidio, la incertidumbre crece. Aunque se han definido unos gestores —que también han incumplido en la entrega de medicamentos—, el problema no se resuelve si no se asignan más recursos al sistema por parte del Gobierno».
Y agregó: “Esta situación ha llevado a graves violaciones del derecho fundamental a la salud, con una indiferencia del Gobierno y también de muchos entes de control, en particular de la Superintendencia de Salud, que guarda un silencio absoluto”.
REDACCIÓN SALUD
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