La propuesta de la Comisión Europea establece un plazo de tres años para que las telcos europeas retiren todo el equipamiento chino de sus redes. Eso supondrá un coste de millas de millones de euros para los operadores, que no han esperado para expresar su desacuerdo.
Hasta 21.5000 millones de euros de gasto
Con el objetivo de aumentar la resiliencia en materia de ciberseguridad y evitar la fragmentación en todo el mercado único digital de la Unión Europea, la Comisión ha presentado una propuesta del nuevo Reglamento de Ciberseguridad (conocida como CSA por sus siglas en inglés: Cybersecurity Act).
este borrador soportar la postura de la Unión Europea frente a la presencia de la tecnología china en las redes de telecos europeas. Durante los últimos años ha instalado a los países a restringir o excluir a los «proveedores de alto riesgo» en las redes 5G, pero ahora quiere dejar de lado la recomendación para pasar a la obligación.
Además, no sólo se limita a las redes móviles (como hasta ahora), sino que se extiende a las redes fijas, de satélites e incluso a las troncales (de transporte y transmisión). En el texto no se menciona a Huawei o ZTE, pero ambos cumplen los criterios establecidos para ser considerados como proveedor de alto riesgo (colaborar con los servicios de inteligencia del Gobierno chino, por ejemplo).
En el caso de las redes móviles, la propuesta fija un plazo de tres años tras su aprobación (que tardará un año) para Retirar el equipamiento de fabricantes chinos.. Eso sería para principios de 2030. En las redes fijas, no establece un plazo determinado, tendrá que ser la Comisión la que lo definirá más adelante en función del riesgo para la seguridad y el impacto económico.
En cualquier caso, el borrador de la nueva ley estima que el costo medio para los operadores oscilará entre 3.400 y 4.300 millones de euros al año durante un plazo de cinco años, o lo que es lo mismo, entre 17.000 millones y 21.500 millones de euros.
Esto ha provocado la indignación de las telco europeas que, a través de la patronal Connect Europe, en la que participan Telefónica y Orange, entre otras, han advertido que esta propuesta, si no va acompañada de mecanismos de compensación económica (subvenciones), supondrá «costos regulatorios adicionales multimillonarios» que afectarán a la inversión y al despliegue de red.
Imagen de portada | dimitrisvetsikas1969 / Kārlis Dambrāns
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