Una decisión judicial cambió el alcance de la vacunación contra el dengue en Colombia. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico ordenó, como medida cautelar dentro de una acción popular, que el Ministerio de Salud garantice el acceso gratuito a la vacuna para niños, niñas y adolescentes entre los 6 y 16 años en los municipios priorizados para frenar el contagio, ampliando así la cobertura inicialmente definida por el Gobierno Nacional.
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La determinación se produce semanas después de que el propio Ministerio iniciara la introducción escalonada de la vacuna en el país, en una estrategia que, en su primera fase, estaba dirigida exclusivamente a menores de 9 años o estudiantes de cuarto grado en territorios priorizados por su alta carga de la enfermedad.
La decisión modifica la estrategia del Minsalud. Foto:Prensa Alcaldía de Barranquilla
Un fallo que amplía la cobertura
De acuerdo con la providencia judicial del 13 de marzo de 2026, el despacho ordenó al Ministerio de Salud “asegurar la adquisición de la vacuna Qdenga (TAK-003) para su acceso equitativo y gratuito en todos los municipios priorizados, garantizando su disponibilidad para la población infantil y juvenil de 6 a 16 años”.
La decisión se dio en el marco de una acción popular interpuesta por el abogado Andrés Eduardo Dewdney Montero, quien argumentó que la política pública vigente restringía injustificadamente el acceso a la vacuna, pese a la evidencia científica disponible ya las recomendaciones internacionales.
El tribunal determinó que existe un riesgo para los derechos colectivos relacionados con la salud pública, en particular por la exclusión de un grupo amplio de población infantil en zonas con alta transmisión del virus. La medida cautelar busca, precisamente, prevenir un daño mayor mientras se resuelve de fondo el proceso.
El fallo judicial se produce en un contexto en el que el Gobierno ya había comenzado a implementar la vacunación contra el dengue. El 16 de febrero de 2026, el Ministerio de Salud anunció el inicio de la introducción escalonada del biológico en el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).
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Según la entidad, la medida responde a la alta carga de la enfermedad en el país y se fundamenta en la Ley 2406 de 2024, que ordena la modernización permanente del esquema de vacunación. La estrategia también se alinea con recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Comité Nacional de Prácticas de Inmunización (CNPI).
En esta primera fase, la vacunación se focalizó en municipios con alta endemicidad y en una población específica: niñas y niños de 9 años o que cursan cuarto grado en 2026. El objetivo, de acuerdo con el Ministerio, es reducir la morbilidad y mortalidad asociadas al dengue, priorizando a los grupos más afectados.
La decisión judicial extiende la población beneficiaria en municipios priorizados. Foto:iStock
“El inicio de la vacunación es una decisión basada en evidencia para reducir hospitalizaciones y muertes, comenzando por los territorios y las niñas y niños más afectados”, señaló el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en el comunicado.
Además, la entidad explicó que la implementación progresiva responde a criterios como la intensidad de transmisión, la carga de enfermedad en la población infantil y la capacidad operativa del sistema de salud.
La controversia: ¿por qué solo niños de 9 años?
La acción popular que dio origen a la decisión judicial cuestionó precisamente esa focalización. Según Dewdney, limitar la vacunación a una sola edad dejaba por fuera a una población vulnerable que también enfrenta altos riesgos de contagio.
«El Ministerio sacó un comunicado manifestando que la vacuna se incluía solo para municipios priorizados y únicamente para niños de 9 años. Esa población es muy pequeña para proteger a todos los infantes que pueden llegar a sufrir dengue», explicó el abogado.
Por ello, solicitó como medida cautelar que la vacunación se ampliara a todos los menores entre 6 y 16 años, argumentando que este rango etario corresponde a las recomendaciones internacionales ya la evidencia epidemiológica disponible.
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El tribunal acogió parcialmente esa solicitud. Aunque no accedió a todas las pretensiones, sí ordenó ampliar el grupo beneficiario y garantizar la gratuidad del biológico en los municipios priorizados.
Un tribunal ordenó ampliar la cobertura biológica. Foto:iStock
En la providencia, se señala que la acción popular busca proteger derechos colectivos como la seguridad y salubridad pública, así como el acceso eficiente a los servicios de salud.
El demandante sostuvo que la exclusión de niños entre 10 y 16 años constituía una omisión administrativa que incrementaba el riesgo de contagios, hospitalizaciones y muertes. También argumentó que la evidencia internacional respalda la vacunación en ese rango de edad en contextos de alta transmisión.
El Ministerio, por su parte, defendió la estrategia escalonada, indicando que la priorización en niños de 9 años responde a criterios técnicos, de costo-efectividad y de capacidad operativa del sistema. Además, sostuvo que la ampliación a otros grupos etarios debe hacerse de manera progresiva.
Sin embargo, el tribunal consideró que, ante el riesgo inminente para la salud pública, era necesario adoptar medidas preventivas que ampliaran el acceso a la vacuna, al menos de manera provisional.
Andrés Eduardo Dewdney Montero, abogado y experto en el sector salud. Foto:archivo particular
Impacto de la decisión
Para Dewdney, el fallo representa un avance significativo en la protección de la población infantil. «Se logró que la vacuna sea gratuita para los niños entre 6 y 16 años en los municipios priorizados. Es una lucha importante porque se amplió el margen de población», afirmó.
El abogado también criticó la política inicial del Gobierno, calificándola como insuficiente frente a la magnitud del problema. A su juicio, la medida adoptada por el Ministerio fue “ineficiente” al limitar el alcance de la vacunación.
EDWIN CAICEDO
Periodista de Medio Ambiente y Salud
@CaicedoUcros
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