Durante décadas, fueron escenarios de reuniones clandestinas, centros de operaciones armadas y símbolos del poder de las Autodefensas Unidas de Colombia. Hoy, esas mismas tierras —más de 2.300 hectáreas— están en el corazón de una batalla judicial que podría redefinir una la reparación a las víctimas del conflicto armado.
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