La decisión cautelar del Tribunal Administrativo de Antioquia que suspendió la aplicación del Decreto 182 de 2026, con el que el Gobierno buscaba reorganizar territorialmente el aseguramiento en salud y trasladar a millones de afiliados entre EPS, provocó una reacción inmediata de académicos, gremios del sector y asociaciones de usuarios. Mientras algunos consideran que la medida protege a los pacientes frente a un riesgo operativo del sistema, otros la interpretan como una advertencia sobre la magnitud estructural de los cambios propuestos.
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La controversia se desató luego de que el Tribunal Administrativo de Antioquia decretara una medida cautelar de urgencia dentro de una acción popular presentada contra el Ministerio de Salud y Protección Social, relacionada con la implementación del Decreto 182 de 2026.
La decisión fue adoptada el 10 de marzo por la Sala Tercera del tribunal, con ponencia del magistrado Daniel Montero Betancur, tras estudiar la solicitud presentada en una acción popular interpuesta por el ciudadano Víctor Raúl Palacio Bohórquez.
Tribunal suspendió decreto de traslados masivos de afiliados. Foto:IStock y Minsalud
El decreto cuestionado había sido expedido por el Gobierno el 24 de febrero de 2026 y modificaba el Decreto 780 de 2016, introduciendo un modelo de aseguramiento con enfoque territorial y poblacional. Con esta medida se buscaba establecer cuántas EPS podían operar en cada región del país y redistribuir a los afiliados entre las entidades habilitadas.
Según cálculos citados en el proceso, el esquema implicaría el traslado de 6,6 millones de afiliados entre aseguradoras. La acción judicial argumenta que cerca de 2,6 millones de afiliados serán asignados a la Nueva EPS, entidad que se encuentra intervenida por el Estado y que, según el expediente, enfrenta dificultades financieras y operativas, además de un incremento en quejas y tutelas relacionadas con la prestación de servicios.
Ante ese escenario, el tribunal decidió adoptar una medida preventiva mientras estudia el fondo del caso, con el objetivo de evitar posibles afectaciones a derechos colectivos como el acceso a los servicios de salud, la moralidad administrativa y la libre competencia.
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Una decisión “pertinente” ante un riesgo para los pacientes
Entre los expertos que reaccionaron a la decisión judicial se encuentra Luis Jorge Hernández, quien calificó la medida como adecuada frente a los posibles efectos del decreto.
A su juicio, el traslado de millones de usuarios hacia una entidad con dificultades operativas representaba un riesgo considerable para la estabilidad del sistema y para la atención de los pacientes.
Hernández señaló que enviar afiliados a una entidad en crisis operativa y financiera como la Nueva EPS habría sido una decisión improvisada que podría haber agravado la crisis del sector.
El académico advirtió además que un movimiento de esa magnitud podría haber provocado la suspensión de múltiples tratamientos médico-quirúrgicos, lo que pondría en riesgo la vida y la integridad de millas de pacientes. Desde su perspectiva, la reforma del sistema o los traslados masivos de usuarios deben priorizar la seguridad del paciente y no convertirse en procesos de “prueba y error”.
Desde el gremio de las aseguradoras también hubo respaldo a la decisión judicial. Ana María Vesga, líder de la Acemi, gremio de las EPS, destacó la suspensión del decreto y advirtió sobre los efectos que podría haber tenido.
Ana María Vesga, presidenta de Acemi. Foto:acemí
Según explicó, la norma buscaba reasignar más de seis millones de personas entre las entidades aseguradoras a partir de una nueva habilitación territorial, lo que, a su juicio, representaba un cambio estructural en el sistema de salud.
Vesga señaló que, de acuerdo con el tribunal, esa reorganización podría amenazar la libertad de elección de los usuarios y profundizar las dificultades de acceso a los servicios.
También recordó que el pronunciamiento judicial se produce después de que el Consejo de Estado se pronunciara previamente sobre el Decreto 858 de 2025, que buscaba realizar una asignación forzosa de afiliados.
Para el dirigente gremial, la territorialización del sistema solo puede funcionar cuando existen capacidades homogéneas entre los operadores y cuando se garantiza la continuidad de los tratamientos y la protección de los pacientes.
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En el contexto actual del sistema, sostenido, resultaba difícil imaginar que millones de afiliados fueran transferidos a EPS intervenidas con problemas operativos y financieros.
La reacción también llegó desde el sector prestador. Jorge Alberto Toro, dirigente de la Unión de IPS de Colombia, afirmó que la decisión del tribunal era una medida esperada por varios actores del sistema.
Jorge Toro, director de la Unión de IPS (Unips). Foto:contraloría
De acuerdo con Toro, el traslado de usuarios a entidades que no cuentan con la capacidad administrativa y suficiente operativa habría puesto en alto riesgo la operación del sistema de salud. El directivo señaló que, tras la suspensión del decreto, el Gobierno debería replantear la manera de organizar el aseguramiento en el país.
A su juicio, cualquier rediseño del sistema debe garantizar la existencia de una red hospitalaria capaz de atender a la población en todas las regiones, así como la disponibilidad de recursos para el reconocimiento y pago de los servicios prestados.
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Las asociaciones de pacientes también reaccionaron. Álvaro Molina expresó que la decisión del tribunal fue recibida con respeto por parte de las organizaciones ciudadanas.
Según explicó, el decreto contemplaba trasladar a millones de afiliados a otras EPS sin tener en cuenta su voluntad ni su derecho a la libre elección. Para Molina, ese cambio podría haber afectado la prestación de servicios que muchos usuarios ya están recibiendo.
Desde la perspectiva de las asociaciones de usuarios, una reasignación masiva de afiliados podría haber agravado la situación tanto para los pacientes existentes como para los nuevos.
Molina señaló que esperan que el tribunal, al resolver el caso de fondo, adopte una decisión que garantice los derechos de los usuarios, los pacientes, el talento humano en salud y la ciudadanía en general.
Mientras tanto, las organizaciones han invitado a los colombianos a manifestar ante el Ministerio de Salud, la Superintendencia de Salud y la Dirección su rechazo a traslados de EPS que no consultan la voluntad de los afiliados.
Protestas de pacientes contra Nueva EPS. Foto:ENHU
Con la medida cautelar en firme, el proceso comenzará en la jurisdicción contencioso administrativa, donde se analizará si el decreto vulnera derechos colectivos o si las medidas del Gobierno buscan reorganizar el sistema de forma eficiente.
EDWIN CAICEDO
Periodista de Medio Ambiente y Salud
@CaicedoUcros
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