NUEVA YORK – La representante demócrata de Florida, Johanna López y la senadora estatal del mismo partido, Kristen Arringtonpresentado resoluciones en sus respectivos cuerpos paraca que el Congreso federal le ponga fecha definitiva a la salida de la Junta de Control Fiscal (FOMBPR) de Puerto Rico por intentar contra la autogobernanza en la isla.
Las resoluciones 4031 (en la Cámara) y la 746 (en el Senado) instantáneas a la Legislatura en Washington DC a establecer una término límite a la estancia de la llamada Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico (la Junta) creada en el 2016 como resultado de la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica (PROMESA).
A PROMESA se le dio paso de manera bipartidista en el Congreso con el fin de reestructurar la deuda del gobierno de Puerto Rico y reingresar la isla a los mercados de capital.
De acuerdo con la propia ley, la Junta abandonará Puerto Rico cuando reestructure la deuda en su totalidad y logre acceso a los mercados de crédito a corto y largo plazo a tasas de interés razonables para satisfacer las necesidades de préstamo del Gobierno. Actualmente, la Junta lidera la presentación del plan de ajuste para reestructurar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
adicional, la ley indica que Puerto Rico debe presentar cuatro presupuestos balanceados consecutivos para lograr la salida de la Junta.
La HM 4031, introducida en la Cámara, insta al Congreso de los Estados Unidos a establecer una fecha límite para la presencia de la Junta de Supervisión y Gestión Financiera en Puerto Rico.
La resolución fue presentada el 2 de diciembre.
La información sobre la SM 746 tiene la misma descripción, pero fue radicada el 3 de diciembre.
El texto de la resolución indica que, casi una década después de que fuera impuesta en Puerto Rico, la Junta continúa ejerciendo una autoridad generalizada sobre las políticas fiscales de la isla, “lo que genera serias preocupaciones sobre la erosión de la gobernanza democrática local y la autodeterminación de los puertorriqueños“.
Los legisladores argumentan que, si bien Puerto Rico ha logrado avances en la reestructuración de su deudala recuperación del acceso a los mercados de capitales y la implementación de reformas fiscales, el funcionamiento continuo de la Junta sin una fecha de finalización definida representa una amenaza para la recuperación a largo plazo, la autonomía fiscal y la rendición de cuentas democráticas.
El texto plantea que los residentes de Puerto Rico son ciudadanos estadounidenses, por lo que merecen los mismos derechos a la autodeterminación que los ciudadanos de cualquier otra nación.
El documento señala además que las medidas de austeridad impuestas por el organismo han socavado “gravemente” los servicios públicos, particularmente, en educación, atención médica e infraestructura municipal, “con consecuencias devastadoras para las poblaciones más vulnerables”.
En esa línea, la resolución destaca la reducción de fondos para la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, principal centro docente en la islay el Fondo de Equipación que impacta a los municipios.
“La Universidad de Puerto Rico, pilar fundamental del sistema de educación pública de la isla y vía de acceso a la movilidad económica, ha sufrido recortes presupuestarios de más del 50 %poniendo en peligro su misión y su accesibilidad, y considerando que las profundas reducciones al Fondo de Equiparación municipal han desestabilizado a los gobiernos locales de toda la isla, afectando
su capacidad para prestar servicios esenciales y mantener la infraestructura pública, y que las profundas reducciones al Fondo de Equiparación municipal han desestabilizado a los gobiernos locales de toda la islaafectado su capacidad para prestar servicios esenciales y mantener la infraestructura
pública”, expone el escrito.
El texto también menciona los retrasos en el desembolso de fondos federales para la recuperación posdesastre y la pandemia por COVID-19 debido en parte a las restricciones de la Junta.
“Considerando que la recuperación de los desastres naturales, incluidos los huracanes María y Fionauna serie de terremotos y la pandemia de COVID-19, se ha visto retrasada por los obstáculos en el diseño de fondos federales y los onerosos procesos de aprobación controlados por la Junta, y considerando que la existencia indefinida de la Junta socava la soberanía fiscal de Puerto Rico, perpetúa la dependencia y erosiona la confianza pública en las instituciones gubernamentales”, continúa la versión de la resolución en el Senado.
El texto además resalta la importancia de que estas acciones legislativas se tomen en Florida debido a la amplia población puertorriqueña. Florida es el estado con más boricuas en EE.UU.
“Florida alberga una de las comunidades puertorriqueñas más grandes de los Estados Unidos, con más de 1,3 millones de residentes puertorriqueños que mantienen profundos lazos familiares, culturales y económicos con la isla y se ven directamente afectados por las políticas implementadas por la Junta”, exponen.
La resolución finaliza con el emplazamiento al Congreso para que le ponga fecha límite definitiva al funcionamiento de la Junta.
El documento pide someter a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) de Puerto Rico a un procedimiento de bancarrota bajo el Capítulo 9; garantizar una transición hacia la plena autonomía fiscal y la gobernanza democrática local en Puerto Rico; promover la autorrealización económica y esfuerzos de recuperación justa impulsados por la comunidad y que rindan cuentas a los puertorriqueños de la isla.
El texto finaliza con la disposición para que el secretario del Departamento de Estado envíe copias de la resolución al presidente de Estados Unidos, a los presidentes el Senado y de la Cámara federal, y a cada miembro de la delegación de Florida en el Congreso federal.
Para López, de origen boricua, la actual estructura de supervisión de la Junta no ha logrado brindar la estabilidad económica ni las oportunidades que Puerto Rico merece.
“Por el contrario, ha prolongado el déficit económico y debilitado la confianza pública. Desde Florida, nos unimos al pueblo de Puerto Rico para exigir una transición responsable que devuelva el control al gobierno local y permita que la isla avance hacia un futuro económico más fuerte, justo y sostenible”, añadió el representante de Orlando, una de las ciudades con más boricuas en el estado.
Arrington argumentó que, precisamente, por la numerosa cantidad de puertorriqueños, Florida tiene la responsabilidad de solidarizarse con los boricuas en la isla.
“Puerto Rico merece un camino hacia adelante definido por su gente y no por una junta no elegida. La Junta de PROMESA ya cumplió su propósito, y su control continuo socava tanto el progreso económico como la autodeterminación democrática. Es hora de que el Congreso establezca una conclusión definitiva a esta supervisión y devuelva plena autoridad a los líderes electos de Puerto Rico”, expuso la senadora de Kissimmee.
A principios de agosto pasado, el presidente Donald Trump removió a seis de los siete miembros del organismo federal bajo el argumento de que despilfarraban dinero del pueblo de Puerto Rico.. Tras la radicación de una demanda en el tribunal federal en Puerto Rico, tres de los destituidos tuvieron que ser reinstalados en sus puestos porque fueron despedidos de manera ilegal o sin justa causa.
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