La Cámara de Diputados frenó en seco la aprobación de la reforma al Código de Trabajo y decidió posponerla hasta la próxima legislatura, que inicia el próximo 27 de febrero.
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Tras años de discusión y promesas, el proyecto quedó atrapado en una tirijala de intereses entre empresarios y sindicatosobligando al Gobierno a aplazar la modernización del código laboral vigente desde 1992.
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Las partes siguen enfrentadas en temas clave, desde la cesantía hasta el período de prueba de los empleados, lo que ha convertido la reforma en un campo de batalla políticos y sociales.
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El proyecto, impulsado por el Presidente Luis Abinaderse originó en el dialogo tripartito convocado en el 2021 entre el Gobierno, subsidios y sindicatos para actualizar la legislación laboral. Aunque el texto avanzó con una mayoría de artículos consensuados —incluidos cambios sobre nuevas modalidades de trabajo y licencias—, la discusión se atascó cuando llegó al Congreso con los puntos de mayor impacto económico aún sin acuerdo.
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La iniciativa fue depositada en el Senado en octubre del 2024 y esa cámara la aprobada en el 2025, pero el trámite se complicó al pasar a los diputados, donde la comisión que la estudiaba mantuvo el debate atrapado por los artículos más sensibles.
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La propia comisión ha sostenido que más del 90 % del contenido está consensuado, pero que los disensos han pesado más.
En manos del Congreso
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En este nuevo giro, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pachecoconfirmó esta semana que la reforma se conocerá en la legislatura que inicia el 27 de febrero y advirtió a patrones y trabajadores que, si en ese período no logran ponerse de acuerdo, el Congreso Tomará una decisión. Pacheco también atribuyó el freno a las diferencias entre empresarios y sindicatos.
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Esas declaraciones fueron rechazadas por Rafael -Pepe- Abreupresidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), quien las calificó como «desfasadas».
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Sostuvo que la reforma no se detuvo por falta de entendimiento entre las partes, sino por la presion empresarial para introducir en el Congreso cambios.
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A su vez, Celso Juan Marranzinipresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), sostiene que el Código actual desincentiva la contratación formal.
El ministro de Trabajo, Eddy Olivares, afirmó ayer que la aprobación de la reforma es «responsabilidad exclusiva» de los legisladores y sostuvo que, aunque empresarios y trabajadores tienen derecho a gestionar e incidir en el debate, el peso de la decisión recae ahora en el Congreso.
Reiteró que el Poder Ejecutivo no incluyó la cesantía en el proyecto remitido y espera que el nuevo código sea aprobado en las primeras semanas de la próxima legislatura.»Al margen del derecho que tienen los empresarios de hacer todo el esfuerzo posible para lograr su posición en la reforma, ahora la responsabilidad recae exclusivamente en los legisladores», afirmó.
Olivares expresó su confianza en que la reforma «se materializará», al considerar que no existen razones para que el texto no sea aprobado con las observaciones que eventualmente hagan los congresistas, quienes, como recordaron, son los responsables de hacer las leyes.
