La espina dorsal de la acusación contra el ex presidente de la Generalitat, sus siete hijos y nueve empresarios que supuestamente les pagaron comisiones a cambio de contrataciones públicas ha tenido este lunes un mal día.
Al menos, en cuanto a las acusaciones que afectan al ex presidente de la gran constructora Copisa, Josep Cornadó, cuya defensa –que ejerce el abogado Jorge Ayo– ha aportado al juicio que se sigue en la Audiencia Nacional un peritaje que cuestiona que esta empresa se viera favorecida en los tiempos de CiU.
El juicio se ha retomado este lunes con sesión de mañana y tarde con declaraciones de peritos y algunos testigos de negocios de Jordi Pujol Ferrusola en México.
Los expertos en forensía económica Sergio Aranda y Tamara Seijo han expuesto que analizaron la contratación pública en tres periodos de diferente color político: 2003 a 2006, 2007 a 2010 y 2011 a 2014.
Con datos de la Cambra de Contractistes de Catalunya, concluyen que las adjudicaciones a Copisa en ese periodo fueron del 5’77, 4’39 y 1’81% respectivamente del total de las adjudicaciones.
La contratación de la Generalitat a la empresa Copisa fue del 5’77, del 4’39 y del 1’81% en tres periodos de tres gobiernos diferentes entre 2003 y 2014
En el último período analizado (con gobierno de CiU) es cuando empezó a instruirse esta causa.
La acusación ha flaqueado también en otros dos puntos. Primero, cuando dos inspectores de la Agencia Tributaria que operan con la Fiscalía Anticorrupción no han podido sostener la secuencia de intervención de la empresa constructora Isolux en una millonaria inversión inmobiliaria en México, en la que se quería construir un gran complejo turístico frente al mar, en la zona de Baja California.
Los dos peritos han callado varios segundos cuando Óscar Morales, abogado defensor del presidente de Isolux, Luis Delso, les ha hecho ver que Enrique José Vargas Tavernero era director de Isolux México, pero ello no significa que fuera accionista ni que dicha compañía tuviera intervención en la operación de compra venta germinal de los terrenos.
Algo parecido ha ocurrido con la acusación que se sostiene contra el empresario Carles Sumarroca Claverol, al que se acusa de una operación de venta de acciones de la compañía General Lab en cuyo consejo de administración figuraba un familiar, y pero no él.
Estos dos inspectores de Hacienda han registrado que las empresas de Jordi Pujol Ferrusola y su entonces esposa, Mercè Gironès, facturaron entre 2004 y 2012 unos 14 millones de pesetas a empresas que a su vez tenían contratos con la Generalitat.
Entre finales de 2003 y 2010, el presidente de la Generalitat era socialista.
