Aún no se sabe la fecha, pero el Tribunal Supremo ya ha dado a conocer los nombres de los magistrados que se encargarán de juzgar al ex ministro y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, a su ex asesor Koldo García y al comisionista Víctor de Aldama por el caso mascarillas. Andrés Martínez Arrieta, el juez que presidió el tribunal que condenó al ex fiscal general Álvaro García Ortiz, será también el presidente del tribunal que juzgará al conocido como caso Koldo.
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Le acompañarán Manuel Marchena, ex presidente de la sala de lo Penal del Supremo, Julián Sánchez Melgar, Andrés Palomo del Arco, Ana María Ferrer García, Eduardo de Porres Ortiz de Urbina y Javier Hernández García. Estos siete magistrados tendrán que decidir a la vista de las pruebas si Ábalos, Aldama y García cometieron los delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos por los que están investigados.
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Según la instrucción, la presunta trama constituida por Ábalos, Aldama y García comenzaron a operar a principios de 2017 cuando Ábalos viajó de forma frecuente por España como coordinador de la campaña electoral del PSOE. “Así conoció en Navarra a Koldo García y siendo por aquel entones Santos Cerdán secretario de Organización del PSOE” en esta comunidad, “Koldo asumió la función de custodio de los avales obtenidos a favor del candidato”. En julio, Ábalos contrató como chófer a Koldo García por recomendación de Cerdán.
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Después, el PSOE formado Gobierno y Ábalos fue nombrado ministro de Fomento. Más tarde entró en escena un nuevo personaje, Víctor de Aldama, a quien Ábalos “encomendaban las diversas gestiones de mayor o menor entidad”. “En el desarrollo de las mencionadas relaciones personales, pronto vieron los investigados -Ábalos, Aldama y García- la oportunidad de obtener un beneficio económico aprovechando el cargo de Ábalos”, según relata el juez instructor.
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El magistrado plantea que el hubo un “concierto de voluntades entre los investigados”. Aldama era el conseguidor y los miembros de la traba cobraban “comisiones” aprovechando el nuevo cargo de Ábalos. Y agrega que para “garantizar el pago de esas comisiones ilícitas se concertó un contrato de arrendamiento con opción de compra de un piso propiedad de Aldama, situado en el Paseo de la Castellana 164 de Madrid, a favor de Ábalos, fijándose una renta anual de 30.000, que no llegó a abonarse”.
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También considera el juez que el piso no fue el único pago de Aldama al resto de los miembros de la presunta trama. El instructor cree probado que, a partir de octubre de 2019, Aldama empezó a abonar 10.000 euros mensuales a Koldo García, que el pago se realizaba de forma presencial y que Koldo García repartía esa cantidad con Ábalos. También sostiene que, en ocasiones, Aldama carecía de efectivo en España, por lo que los pagos se realizaban en República Dominicana donde el presunto obtenido sí disponía de liquidez.
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Otro de los pagos se concretó a través del alquiler de un inmueble, en este caso situado en la Plaza de España 18, edificio Torre de Madrid, que “sirvió como domicilio a Jessica Rodríguez García, -quien mantenía en ese momento una relación sentimental con Ábalos-, entre los meses de marzo de 2019 a marzo de 2022, por una importación mensual de 2.700 euros mensuales”, añade el auto.
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Además, el auto de procesamiento incide en que Jessica Rodríguez fue contratada en dos empresas públicas “sin haber de superar ninguna clase de proceso de selección relevante y sin que acudiera ni un solo día a sus respectivos centros de trabajo ni prestara tampoco en ellos actividad profesional”.
De modo parecido, Ábalos y Koldo “promovieron también la contratación arbitraria de Claudia Montes Martínez -en este caso por la empresa pública LOGIRAIL-, con quien mantenían alguna clase de relación personal previa, si bien la misma sí acudió regularmente a su puesto de trabajo”, añade el juez.
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La trama también habría realizado maniobras para el llamado rescate de la compañía aérea Air Europa, ya que “Ábalos, siempre sirviéndose de su asesor García, pudo promover la publicación de una nota de prensa por parte del Ministerio del que era titular, emitida el día 8 de agosto de 2020, mostrándose partidario y expresando el progreso de las gestiones para que la compañía obtuviera la correspondiente financiación pública”. A cambio de esa gestión, “podría haber obtenido el entonces ministro el disfrute gratuito de un chalet vacacional en Marbella para sí mismo y para su familia durante varios días -concretamente, del día 12 al 23 de agosto de 2020- cuya renta era, para ese breve período, de 8.900 euros, arrendamiento que habría formalizado la esposa de Koldo García”.
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Tras las correspondientes investigaciones, el juez instructor considera que Ábalos, Koldo García y Aldama formaban parte de una “organización criminal en cada uno de ellos asumiría un papel diverso, desplegando a Ábalos su influencia directa cuando fuere preciso. Aldama sería el encargado de localizar empresas o particulares interesados en cualquier clase de gestión con la Administración para, articulando sus intereses, hacerlos valer con preferencia y de manera arbitraria, siempre a cambio de la correspondiente prestación económica, de la que igualmente haría partícipes a los investigados Ábalos y Koldo García Izaguirre”.
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