Mientras el presidente Gustavo Petro asegura que “la salud va bien” y defiende un saldo favorable del sistema durante su Gobierno, la Nueva EPS, intervenida por el Estado desde abril de 2024 y responsable de la atención de 11,7 millones de afiliados, enfrenta a los que distintos actores califican como su peor momento operativo y financiero. El cierre de servicios hospitalarios, el aumento sin precedentes de quejas y tutelas, y las protestas de los usuarios por falta de medicamentos y atención médica dibujan un panorama que contrasta de forma directa con el discurso oficial.
LEA TAMBIÉN
En recientes declaraciones públicas, el jefe de Estado sostuvo que Colombia presenta hoy mejores indicadores de salud que en gobiernos anteriores. Según Petro, la tasa de mortalidad infantil por desnutrición —que calificó como un indicador clave de eficiencia del sistema— es “la mitad de la que dejó Iván Duque” y la más baja del siglo. En la misma línea, afirmó que la mortalidad perinatal, que incluye las muertes en el vientre materno y durante el primer mes de vida, también se encuentra en su menor nivel histórico. “No estamos destruyendo el sistema de salud —dijo—, estamos destruyendo los negocios privados de los dueños de las EPS robándose los dineros de la salud de Colombia”.
El presidente Gustavo Petro. Foto:presidencia
A esas afirmaciones respondió de manera tajante Clemencia Mayorga, presidenta del Colegio Médico de Cundinamarca, quien calificó como “falso” el balance presentado por el mandatario. «El aumento crítico de tutelas y quejas por falta de medicamentos y atención lo demuestran. El cierre de más de 10.000 servicios de salud y trabajadores sin pago lo demuestran», señaló. Frente al indicador de mortalidad por desnutrición, Mayorga agregó que la cifra de 2024 “es casi la misma que en 2020”, lo que, a su juicio, desvirtúa la idea de una mejora estructural atribuible al actual modelo de gestión.
Las cifras de la Defensoría del Pueblo respaldan el diagnóstico de deterioro en el acceso a los servicios, particularmente para los afiliados de la Nueva EPS. Un informe elaborado por la Delegada para el Derecho a la Salud y la Seguridad Social, Claudia Vaca González, muestra que las quejas contra esta EPS se dispararon entre 2024 y 2025 en la mayoría de los departamentos priorizados. En el Huila, las reclamaciones crecieron un 564 %; en Vichada, un 538 %; y en Amazonas, un 290 %. En Norte de Santander, los casos pasaron de 216 a 705, mientras que en el Quindío se registraron 1.314 quejas, la cifra más alta del informe.
LEA TAMBIÉN
De acuerdo con la Defensoría, las principales causas de estas reclamaciones son la falta de oportunidad en la entrega de medicamentos, demoras en citas especializadas, acumulación de cartera con los prestadores, insuficiencia de la red de servicios y negación de transporte y viáticos, especialmente en zonas dispersas. En regiones como la Amazonía, donde Nueva EPS es en algunos casos el único asegurador, se reportan deudas millonarias con hospitales, fallas reiteradas en los procesos de referencia y contrarreferencia y reducción de la oferta de especialistas.
Nueva EPS es la aseguradora más grande del país con más de 11,7 millones de afiliados. Foto:MAURICIO MORENO
El impacto de esta crisis ya se refleja en decisiones concretas de clínicas y hospitales. En Cali, la Clínica Nuestra Señora de los Remedios suspendió la atención a usuarios de Nueva EPS al confirmar que no cuenta con un contrato vigente con la entidad, en un contexto en el que las deudas de las EPS en el Valle del Cauca superan los 6 billones de pesos. La Secretaría de Salud departamental advirtió que esta situación incrementa las barreras de acceso, interrumpe los tratamientos y puede agravar el estado de salud de los pacientes.
En Bogotá, el Hospital Universitario Méderi también dejó de atender de manera regular a los afiliados de Nueva EPS tras el vencimiento del contrato a finales de enero de 2026. Mientras se adelantan negociaciones, la IPS solo presta atención por urgencias, lo que ha derivado en cancelaciones de citas y denuncias de usuarios.
El descontento de los pacientes se trasladó a las calles el 5 de febrero de 2026, cuando decenas de afiliados protestaron en Bogotá por los retrasos prolongados en la entrega de medicamentos, autorizaciones y procedimientos. Los manifestantes denunciaron esperas de meses e incluso años para cirugías, tratamientos y exámenes especializados, incluidos procedimientos vitales como diálisis. Durante la jornada, la Defensoría del Pueblo recordó que las quejas contra Nueva EPS aumentaron un 107 % en 2025, superando las 14.600 reclamaciones, y que en lo corrido de 2026 ya se registraron cerca de 1.100 casos, con un promedio de 55 quejas diarias.
Desde su intervención no se conocen los estados financieros de la EPS: Foto:Luis Lizarazo
Así, mientras desde el Gobierno se defiende un equilibrio positivo del sistema de salud con base en indicadores generales, la situación de la Nueva EPS —intervenida por el propio Ejecutivo— exponen una crisis profunda que se traduce en servicios cerrados, deudas crecientes, trabajadores sin pago y millones de usuarios enfrentan barreras reales para acceder a la atención. Un contraste que mantiene abierto el debate sobre si, más allá de las cifras, el derecho fundamental a la salud está siendo efectivamente garantizado.
EDWIN CAICEDO
Periodista de Medio Ambiente y Salud
@CaicedoUcros
! function (f, b, e, v, n, t, s) {
if (f.fbq) return;
n = f.fbq = function () {
n.callMethod ?
n.callMethod.apply(n, arguments) : n.queue.push(arguments)
};
if (!f._fbq) f._fbq = n;
n.push = n;
n.loaded = !0;
n.version = '2.0';
n.queue = ();
t = b.createElement(e);
t.async = !0;
t.src = v;
s = b.getElementsByTagName(e)(0);
s.parentNode.insertBefore(t, s)
}
(window, document, 'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js');
fbq('init', '2639268933010768');
fbq('track', 'PageView');
