Caso contra los exministros Miguel Valerio solicita al tribunal enviar a juicio de fondo. (Foto: Ronnil Pérez R.).
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EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado Miguel Valerio ha asumido una defensa positiva en el caso de la empresa Intercaribe, implicada en una presunta red de corrupción liderada por exministros, reconociendo como reales parte de los hechos planteados por el Ministerio Público, pero desvinculando a su cliente de cualquier responsabilidad penal, al tiempo que solicitó que el proceso sea enviado a un juicio de fondo.
Valerio detalló que la empresa Intercaribe habría reconocido que varios elementos contenidos en la acusación eran ciertos, incluyendo que en el año 2020 la compañía fue transferida al señor Alá Alí.
Sin embargo, sostuvo que dicha operación habría sido antifataron (pusieron en leche anterior) al año 2016, simulando que se había realizado en esa ocasión.
De acuerdo con la acusación, tanto Ángel Donald Guerrero como Daniel Guerrero habrían participado en la movilización de documentos, firmas de actas del consejo y gestiones bancarias vinculadas a la empresa.
En ese sentido, Valerio enfatizó que su cliente, al conocer la documentación correspondiente al período 2016-2020, negó haber tenido participación en esos actos, asegurando que no firmaba ni tenía conocimiento de dichos documentos.
“El derecho procesal penal permite lo que se conoce como defensa positiva, donde se reconocen hechos reales, pero se establece claramente que el imputado no tuvo participación en los mismos”, explicó el jurista.
Asimismo, reiteró que su defendido no tuvo ninguna vinculación con el manejo de fondos relacionados a operaciones de la empresa, que según el expediente involucran montos ascendentes a más de 2,300 millones de pesos.
Insistió en que el caso debe avanzar a la etapa de juicio de fondo, donde, afirmó, demostrará que su cliente no tuvo participación en los hechos imputados y que los documentos en cuestión no fueron firmados por este.
En otras órdenes, la defensa de la procesada Princesa Alexandra García, encabezada por el abogado José Martínez Hoepelman, refutó y rechazó de manera categórica los hechos presentados por el órgano acusador en contra de su cliente, al tiempo que defendió su inocencia.
Dijo que la imputación carece de fundamento y que no existen pruebas que vinculen a su representada con las irregularidades señaladas en el expediente, insistiendo en que su conducta se enmarcó dentro de la legalidad.
Este presunto entramado criminal se conoce en etapa de audiencia preliminar ante el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, presidido por la jueza Altagracia Ramírez.
Este proceso judicial involucra a un grupo de exfuncionarios y particulares señalados por el Ministerio Público de integrar una presunta red de corrupción administrativa que estafó al Estado con millas de millones de pesos.
Entre los principales acusados figuran altos exministros, además de Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, quienes, según la acusación, habrían tenido roles clave en la ejecución de maniobras fraudulentas vinculadas al pago irregular de deudas del Estado.
El expediente también incluye a otros exfuncionarios, empresarios y colaboradores, acusados de participar en un entramado que supuestamente utilizó instituciones públicas para beneficiarios intereses particulares, mediante la distracción de fondos públicos y la emisión de pagos sin los debidos soportes legales.
PNL/
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