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La violencia asociada al conflicto armado continúa afectando de manera grave y sostenida a la población civil en amplias zonas del país donde los grupos armados ilegales han expandido su presencia y la presencia del Estado sigue siendo limitada.
Así lo advirtió la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia en su más Informe reciente trimestral al Consejo de Seguridad, correspondiente al período entre el 27 de septiembre y el 26 de diciembre de 2025.
La presentación del documento ante el Consejo de Seguridad será el próximo 23 de enero en Nueva York, un encuentro que servirá como antesala a la reunión de los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump el próximo 3 de febrero.
El informe, presentado por el Secretario General de la ONU, señala que esta situación se refleja en desplazamientos forzados, confinamientos prolongados, asesinatos selectivos y ataques armados, incluidos homicidios de líderes socialesdefensores de derechos humanos y excombatientes firmantes del Acuerdo de Paz.
En la región del Catatumbo, particularmente en el municipio de Tibú, las comunidades continúan padeciendo, un año después, los efectos de la crisis humanitaria. derivada de la disputa armada entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF).
De acuerdo con datos de la Defensoría, cerca de 105 mil personas fueron víctimas de la guerra entre ambas estructuras armadas y de esas al menos 101 mil sufrieron por el desplazamiento.
En contexto: Catatumbo: Así fue el año del retorno implacable de la guerra, el miedo y los desplazados
La Misión advierte que la persistencia de estos enfrentamientos ha impedido la recuperación social y económica de la zona, manteniendo a la población en condiciones de alta vulnerabilidad.
En el norte de Antioquia, los enfrentamientos entre el Clan del Golfo, el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), y el EMBF provocaron desplazamientos masivos. En varias zonas del departamento del Cauca, las dinámicas del conflicto afectarán de manera recurrente a la población civil.con impactos desproporcionados sobre comunidades afrocolombianas e indígenas, que enfrentan amenazas múltiples por su ubicación territorial, liderazgo comunitario y participación política.
El informe subraya además una tendencia particularmente preocupante y que ha sido denunciada desde hace varios meses: el uso de drones por parte de grupos armados ilegales para perpetrar ataques con artefactos explosivos, lo que incrementa el riesgo para la población civil.
“Los grupos armados utilizan de manera creciente drones para llevar a cabo ataques con artefactos explosivos. En ciertas zonas del departamento de Vichada, la disputa entre el ELN y Segunda Marquetalia también infligió violencia y sufrimiento a la población civil, al igual que la pugna entre el EGC, el EMBF y el ELN por el control de las rutas estratégicas en ciertos municipios del Catatumbo y hasta la región del Magdalena Medio”, dice el informe.
Desplazamientos, confinamientos y masacres
De acuerdo con cifras de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) y citas por el informe, entre el 27 de septiembre y el 26 de noviembre de 2025 se registró el desplazamiento forzado de al menos 6.500 personas y el confinamiento de otras 4.400 en 19 municipios de ocho departamentospara un total de 10.900 víctimas directas, de las cuales el 36% pertenece a pueblos étnicos.
En el mismo período, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Recibió 13 denuncias de masacres, de las cuales 10 fueron verificadas, con un saldo de 33 víctimas. Asimismo, se reportaron 33 denuncias de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, incluidos líderes indígenas, afrocolombianos, campesinos y una mujer trans.
La ONU advierte que la violencia contra líderes sociales continúa siendo utilizada como mecanismo de control político y social, especialmente en territorios donde convergen disputas armadas y procesos electorales incipientes.
A eso se suma la situación de seguridad de los firmantes del Acuerdo de Paz que sigue siendo uno de los aspectos más críticos. Durante el período analizado, cinco excombatientes fueron asesinados y seis más sobrevivieron a intentos de homicidio. En total, 45 excombatientes fueron asesinados en 2025, lo que representa un incremento del 36 % frente a 2024.
Desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, la Misión ha verificado el asesinato de 487 excombatientes. La mayoría de los casos se concentran en regiones con alta presencia de grupos armados y economías ilícitas, como Catatumbo, Antioquia, Cauca y Valle del Cauca.
Pese al deterioro del contexto de seguridad, la ONU destacó que la coordinación entre autoridades nacionales y territoriales permitió realizar al menos 70 evacuaciones de emergencia de excombatientes en riesgo inminente durante 2025.
El informe también alerta sobre el reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de actores armados ilegales, que la califica como “una grave violación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario”.
Esta práctica, dice e informe, se hizo aún más relevante tras el caso de un bombardeo en Guaviare, en el que murieron siete menores reclutados forzosamente y que es considerado el peor ataque en la administración de Gustavo Petro.
“La muerte de siete menores durante un ataque aéreo llevado a cabo en Guaviare en noviembre reavivó el debate nacional sobre la cuestión del reclutamiento y la utilización de niños y niñas por grupos armados, que sigue siendo motivo de gran preocupación. Las consideraciones éticas y jurídicas y las necesidades de seguridad fueron el eje del debate público, que se centró en las implicaciones y los desafíos de las operaciones militares en zonas de conflicto activo con arreglo al derecho internacional humanitario”, dice el documento.
Según el informe, los departamentos más afectados por el reclutamiento infantil son Cauca, Chocó, Guaviare y Norte de Santander.
Alerta de riesgos electorales
De cara a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, la Misión de la ONU subrayó la necesidad urgente de reforzar los esquemas de seguridad para candidatos, líderes políticos y comunidades, especialmente en territorios afectados por el conflicto.
El Secretario General instó al Estado a utilizar plenamente los instrumentos previstos en el Acuerdo de Paz, como la política de desmantelamiento de grupos armados y el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política.
El Secretario General instó al Gobierno a adoptar medidas de seguridad para los próximos comicios, entre ellos los instrumentos previstos en el Acuerdo de Paz, como la política de desmantelamiento de grupos armados y el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, p.ero también el compromiso electoral que fue liderado por la Defensoría del Pueblo y que tiene el “respaldo de muchas campañas políticas y entidades del Gobierno”. y el Estado, así como de asociaciones comerciales del sector privado, entre otros”, dice el documento.
«Se demostró que estos riesgos se derivan principalmente de la presencia de grupos armados ilegales en varias regiones. Si bien preveía que las elecciones se desarrollarían con normalidad en la mayor parte del país, la Defensoría pidió que las autoridades del Estado adopten medidas preventivas en 649 municipiossobre todo de zonas históricamente afectadas por el conflicto”, dice el informe.
Tanto el informe como el llamado del Secretario General de la ONU también se se centran en la ampliación de la participación política. “Deben mantenerse y consolidarse aún más la ampliación de la participación electoral en zonas históricamente afectadas por el conflicto y el fortalecimiento de las garantías jurídicas para la oposición política, posible gracias al Acuerdo Final”, dice el informe.
Este punto es especialmente importante porque estas elecciones serán las últimas en las que se darán las 16 curules de paz para las víctimas del conflicto.
¿Cómo va la implementación del Acuerdo de Paz?
Tras nueve años de la firma del Acuerdo Final, la ONU reiteró que su implementación integral sigue siendo indispensable para garantizar una paz sostenible. En materia de reforma rural integral, se reconocieron avances en acceso y formalización de tierras.
Hasta noviembre de 2025, el Estado había entregado 291.030 hectáreas a campesinos sin tierra, víctimas y mujeres rurales, cerca del 10 % de la meta establecida, y formalizado más de 3,6 millones de hectáreas.
También se aprobaron nuevas Zonas de Reserva Campesina y se avanzó en la actualización del catastro multipropósito. Sin embargo, persisten rezagos significativos en coordinación institucional, asignación de recursos y seguridad para los beneficiarios, varios de los cuales han sido amenazados o asesinados.
En sus observaciones finales, el Secretario General reiteró que la paz en Colombia es una aspiración nacional y una inversión colectiva en la estabilidad regional y global. Llamó al Gobierno a consolidar los avances logrados, acelerar la implementación del Acuerdo Final y garantizar la seguridad de las comunidades más vulnerables.
“La implementación plena del Acuerdo de Paz sigue siendo la vía más sólida para romper los ciclos de violencia y construir una paz duradera.”, concluye el informe.
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