–>
A pesar de la costumbre de décadas y de sus normas internas, el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (Mived) tendrá que dejar de aplicar el derecho laboral común para regular la relación con sus colaboradores y comenzar a registrarse por la Ley sobre Función Pública (41-08).
<!– Inicia validación de Párrafo
–>
Este error significó un sacrificio importante de recursos públicos, debido a que el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) pago derecho a cesantía a la mayor parte de sus empleados en el 2022 cuando se transformó en ministerio.
<!– Inicia validación de Párrafo
–>
Una exempleada demandó a la entidad por el pago de prestaciones laboral en el 2016 y logré varias sentencias a su favor que ordenaron pagarle cerca de 4.5 millones de pesos producto de un cálculo hecho conforme al Código de Trabajo que incluyó la cesantía, preaviso, vacaciones, salario de Navidad, conquista laboral y una compensación por el atraso.
<!– Inicia validación de Párrafo
–>
De aplicar la Ley de Función Pública, el accionante recibiría un monto significativamente menor, porque la Ley de Función Pública establece un pago máximo de 18 salarios mensuales que, en su caso, sumarían 810.000 pesos.
<!– Inicia validación de Párrafo
–>
La institución apeló el fallo del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional ante la Corte de Trabajo y luego la Suprema Corte de Justiciapero perdió en ambas ocasiones.
<!– Inicia validación de Párrafo
–>
Después llevó el caso ante el Tribunal Constitucional (TC), que decidió analizar el fondo jurídico del asunto e identificó una irregularidad heredada desde el anterior INVI.
<!– Inicia validación de Párrafo
–>
Las autoridades del INVI decidió administrativamente funcionar bajo la Ley Laboral, razón por la cual cuando se convirtió en el Mived decidió Preavisar y pagar prestaciones laborales. a toda su plantilla para entrar al régimen público a partir del 2022.
<!– Inicia validación de Párrafo
–>
Los contratados el año anterior permanecieron bajo la legislación laboral privada «para salvar los derechos adquiridos», según dispuso una resolución conjunta de los ministerios de Trabajo y de Administración Pública.
Lo que dice el Código de Trabajo
<!– Inicia validación de Párrafo
–>
Sin embargo, el Principio III del Código de Trabajo indica que sus normas no se aplican a los funcionarios y empleados públicossalvo disposición contraria de los estatutos especiales aplicables a ellos y «los trabajadores que prestan servicios en empresas del Estado y en sus organismos oficiales autónomos de carácter industrial, comercial, financiero o de transporte».
<!– Inicia validación de Párrafo
–>
El TC determinó que basarse en reglamentos internos que eran contrarios a este precepto de ley violaba el principio de nivel normativoque da supremacía a las leyes sobre actos administrativos, y anuló la última sentencia de la SCJ.
<!– Inicia validación de Párrafo
–>
«La conclusión a la que arribó la corte de casación contradice el principio de nivel normativoal pretender supervisar la aplicación de una ley a lo dispuesto por un acto administrativo, rompiendo así con la regularidad propia de la estructura escalonada del ordenamiento jurídico», apuntaron los jueces constitucionales.
<!– Inicia validación de Párrafo
–>
Recordó que la jurisdicción contenciosa administrativa es la competente para conocer y resolver los conflictos surgidos entre la administracion publica y sus funcionarios y empleados civiles, por lo que sus casos deben ser conocidos por el Tribunal Superior Administrativo (TSA).
<!– Inicia validación de Párrafo
–>
Este caso en particular volverá a la Suprema Corte de Justicia, donde podría tardar varios años que se sumarán a los 10 que ya lleva la litis judicial.
