En pocos días debe conocerse el aumento de la UPC para 2026. La decisión más importante para la sostenibilidad del sistema de salud, en momentos de crisis financiera, cierre de servicios, barreras innumerables y mucho sufrimiento de pacientes y familias colombianas.
Se ha vuelto costumbre en los últimos tres años, que esta discusión, que debe ser de carácter técnico por su complejidad y sofisticación, salga de los escenarios técnicos para provocar un debate político.
No extraña entonces que en la antesala de conocerse el porcentaje de aumento, se revelen informes sobre supuestos cobros de UPC en pacientes fallecidos, sobreprecios de medicamentos o que el Ministro Jaramillo afirma que las maniobras y distorsiones contables de las EPS hacen imposible saber en qué se gasta la plata. Temeraria afirmación que desconoce que las dificultades reales de acceso a los servicios, provienen de una real insuficiencia de los recursos destinados para la atención de la población.
Lo cierto es que la UPC es el producto de información que reportan EPS, prestadores y proveedores de tecnologías. El Ministerio de salud cuenta con un conjunto de bases de datos que contienen toda la información del gasto en salud cada año. Hay que enfatizar que en un sistema que presta más de 550 millones de atenciones al año sin incluir medicamentos, la validación de la calidad y la retroalimentación a los reportantes es esencial para construir una base técnica que permita un ajuste adecuado de UPC cada año.
Frente a errores de reporte en las bases de datos o variaciones injustificadas, el camino correcto de quien tiene a su cargo la rectoría del sistema y su correcta financiación es la revisión y ajuste del proceso de reporte, la expedición de lineamientos claros y el trabajo articulado con todos los agentes. En ausencia de ello el Ministerio ha optado por eliminar los datos, invalidar buena parte de la información y justificar con ello mínimos ajustes a la UPC como el que vimos en 2025 cuando escasamente se reconoció la inflación y todas las cifras mostraron que se requería el 16% de aumento. Cálculos de Acemi basados en información reportada de la Superintendencia Nacional de salud, indican que al sistema de salud le hicieron falta para esta vigencia más de 9 billones de pesos.
En ese mismo sentido se pronunció la Corte Constitucional en su Auto 007 de enero de 2025 cuando ordenó al Ministerio de Salud ajustar la UPC para 2024 hasta lograr su suficiencia, revisar el cálculo desde 2021 y trabajar en una mejor metodología de cálculo para las vigencias siguientes. Tras un fallido ejercicio de revisión en las llamadas mesas de UPC, en el mes de abril nuevamente la Corte Constitucional a través del Auto 504, le insiste al Ministerio sobre la necesidad de llevar a cabo un ejercicio que realmente conduzca al ajuste de la UPC. Concluyó el 2025 sin que se acataran las órdenes de la Corte Constitucional.
La realidad a hoy es que el Gobierno controla a través de 8 EPS intervenidas a más de 24 millones de afiliados que equivalen al 48% de la población después de tener que reintegrar EPS Sanitas a sus accionistas por lo que la Corte considera una intervención ilegal.
Estas EPS, que a lo largo de su intervención han sufrido varios cambios de administración, han deteriorado sus patrimonios en 10,1 billones de pesos en cuestión de meses.
Si el Ministro afirma que no conoce el destino de los recursos del sistema está aceptando que la gestión del propio gobierno a través de los interventores es ineficiente pero además indica que no está ejerciendo la rectoría del sistema. Prueba de ello que a la fecha la Nueva EPS no presenta estados financieros desde 2023. Un hueco negro que expresa opacidad en la administración de la EPS más importante del país, que afilia a 1 de cada 4 colombianos
Mas 1.8 millones de quejas y reclamos, 270 mil tutelas a octubre hablan del sufrimiento de millas de pacientes. Crecimiento histórico del gasto de bolsillo que refleja el empobrecimiento de la población y la profundización de la inequidad.
Es urgente recuperar la senda técnica, despolitizar la discusión y entregar al país un cálculo ajustado a las necesidades reales de un sistema que atiende cada vez más enfermos y más viejos, como ocurre con todos los sistemas en el mundo.
