Representantes de organizaciones de pacientes y del sector salud radicaron este lunes una solicitud formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que piden la adopción de medidas cautelares urgentes para proteger a pacientes del sistema de salud colombiano con enfermedades hepáticas, renales y otras patologías de alta complejidad, incluidos pacientes trasplantados cuya vida depende de tratamientos continuos e ininterrumpidos.
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El texto, elaborado por la Asociación Colombiana de Enfermos Hepáticos y Renales (ACEHR), advierte sobre un riesgo real, grave e inminente de daño irreparable a la vida, la integridad personal y la salud de estas poblaciones, como consecuencia directa de la crisis estructural que atraviesa el sistema de salud en Colombia.
Según el documento, dicha crisis se refleja en el cierre masivo de servicios, la interrupción de tratamientos esenciales, el desabastecimiento de medicamentos vitales —en especial inmunosupresores—, la insolvencia financiera de entidades aseguradoras, el colapso de redes hospitalarias y la ruptura sostenida de la continuidad terapéutica.
Diferentes actores del sector salud presentaron la solicitud formal ante la CIDH este lunes. Foto:acemí
La solicitud sostiene que estas afectaciones no son hechos aislados ni coyunturales, sino el resultado de decisiones, omisiones y fallas persistentes del Estado colombiano en el diseño, la financiación, la regulación y la supervisión del sistema de salud, particularmente entre 2022 y 2025. El documento señala que, pese a las alertas reiteradas de la Corte Constitucional, la Defensoría del Pueblo, organizaciones de pacientes, gremios médicos y centros de análisis técnico, no se adoptan medidas oportunas ni proporcionales. para evitar el agravamiento del colapso, manteniendo esquemas de financiación insuficientes y transiciones institucionales mal diseñadas.
El resumen ejecutivo también documenta un incremento sin precedentes de tutela y reclamaciones administrativas por violaciones al derecho a la salud acciones, así como un crecimiento alarmante de muertes prevenibles asociadas a la interrupción de tratamientos de alto costo. De acuerdo con el texto, el acceso efectivo a medicamentos, procedimientos especializados y servicios de alta complejidad dejó de estar garantizado, incluso para prestaciones incluidas en el Plan de Beneficios en Salud, trasladando la carga financiera a los hogares y empobreciendo a millas de familias.
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Especial preocupación genera la situación de los pacientes trasplantados y de quienes padecen enfermedades hepáticas y renales, al requerir suministro diario e ininterrumpido de inmunosupresores, controles especializados permanentes y acceso oportuno a servicios de alta complejidad. La interrupción de estos tratamientos los exponen a rechazo agudo de órganos, pérdida irreversible del inyector, discapacidad permanente y muerte, configurando un escenario de máxima vulnerabilidad que exige protección estricta conforme a los estándares interamericanos de derechos humanos.
La solicitud se dio tras aumento de muertes prevenibles y la ruptura de tratamientos. Foto:iStock
El documento analiza además el impacto negativo de las intervenciones estatales sobre entidades aseguradoras, la persistente desobediencia de órdenes judiciales internas, la insuficiencia crónica de la Unidad de Pago por Capitación y de los Presupuestos Máximos, así como la ausencia de registros oficiales y de mecanismos efectivos de reparación para las víctimas de la crisis sanitaria.
También advierte que las reformas estructurales impulsadas por el Gobierno y los intentos de transformación por vía administrativa han incrementado la incertidumbre institucional y el riesgo para la continuidad de los servicios, sin ofrecer garantías claras de sostenibilidad ni de protección de derechos adquiridos.
Desde una perspectiva jurídica, el documento identifica al Estado colombiano como el principal obligado y centro de imputación por las violaciones descritas, a la luz de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la jurisprudencia interamericana. Según el análisis, la falta de supervisión efectiva, la tolerancia frente a prácticas lesivas y la adopción de medidas regresivas configuran una responsabilidad estatal agravada, incluso cuando la prestación del servicio se delega en actores privados.
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La solicitud concluye que se cumplen plenamente los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad exigidos para la adopción de medidas cautelares y pide a la CIDH ordenar al Estado colombiano la adopción inmediata de acciones que garantizan la continuidad de tratamientos, el suministro oportuno de medicamentos esenciales, la protección efectiva de los pacientes en mayor riesgo y la prevención de daños irreversibles mientras se resuelve de fondo la situación estructural del sistema de salud.
Pacientes hepáticos y renales alertaron a la CIDH por fallas del sistema de salud. Foto:iStock
El documento completo fue presentado este lunes por representantes de distintas organizaciones de pacientes y del sector salud, entre ellos Clemencia Mayorga, presidenta del Colegio Médico de Cundinamarca; Augusto Galán Sarmiento, director de Así Vamos en Salud; Jorge García, director y fundador de la Fundación Retorno Vital; y bajo el liderazgo de Doris Leonila Delgado Salguero, conocida como hermana María Inés, representante de la Asociación Colombiana de Enfermos Hepáticos y Renales (ACEHR). En el componente jurídico, la radicación de la solicitud de medidas cautelares ante la CIDH estuvo a cargo del abogado internacionalista Juan Carlos Bernal.
Hermana María Inés, representante de la Asociación Colombiana de Enfermos Hepáticos y Renales. Foto:ACEHR
EDWIN CAICEDO
Periodista de Medio Ambiente y Salud
@CaicedoUcros
