El titular de la Dirección General de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, afirmó ayer que la nueva ley 47-25 de Contrataciones Públicas no solo redefine las reglas del juego en la relación entre el Estado y sus proveedores, sino que reafirma una visión de la contratación pública como instrumento de desarrollo, eficiencia y creación de valor para la sociedad.
Consideró que la incorporación explícita del criterio de “valor por dinero”, que pondera no solo el precio, sino también la calidad, el costo del ciclo de vida y el impacto social y ambiental, abre oportunidades reales para que la industria formal, innovadora y responsable pueda competir en mejores condiciones y aportar soluciones sostenibles al Estado.
«La obligatoriedad del uso del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas y el fortalecimiento de la institucionalidad del Sistema Nacional de Contrataciones representan, además, un avance significativo hacia procesos más predecibles, trazables y confiables. Para las empresas industriales, esto se traduce en mayor seguridad jurídica, reducción de discrecionalidad y reglas más claras para la participación», sostuvo.
Valoró el énfasis de la ley en la inclusión de mipymes, productores locales y empresas con enfoques diferenciados, así como la simplificación de procedimientos en determinados niveles de Gobierno.
Estas disposiciones pueden convertirse, dijo, en un motor para fortalecer encadenamientos productivos, promover compras públicas más territoriales y estimular la diversificación de la base industrial del país, siempre que se apliquen con criterios técnicos y coherentes.
Pimentel hizo las consideraciones al participar en el Primer Encuentro Industrial de la Asociación de Industrias de las República Dominicana (AIRD), en el que hubo un panel conducido por Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo del gremio empresarial.
Afirmó que la ley 47-25 marcará un antes y un después en la relación entre el Estado y la industria, convirtiendo las compras públicas en un verdadero catalizador de competitividad, innovación y desarrollo sostenible para el país. Cree fundamental que la implementación de los reglamentos, manuales y normas complementarias se realice con criterios de gradualidad, claridad y participación.
