El PP y Vox están celebrando desde las 13 horas una reunión en Mérida para tratar de desbloquear el acuerdo para el gobierno de Extremadura, que debe desembocar en la investidura de María Guardiola. De momento, desde Vox enfrían que la posibilidad de alcanzar un acuerdo este mismo miércoles sea sinónimo de una investidura inmediata porque todavía quedarán cuestiones por cerrar.
De hecho, en la cita de este miércoles probablemente se selle el acuerdo programático, algo que estaba ya muy avanzado. Según Vox, la intención es “alcanzar un acuerdo basado en la negociación de las medidas” que considera “imprescindibles”.
“La reunión se ha centrado exclusivamente en las medidas políticas a adoptar, sin que en ella se haya hablado de vicepresidencias, consejerías o cualquier puesto en la administración autonómica”, señalan en el partido de Santiago Abascal, que apuntan a que estas cuestiones se tratarán tras llegar a un acuerdo sobre el programa político.
En estos momentos, los focos están puestos en alcanzar un acuerdo sobre los plazos de cumplimiento y las garantías de ejecución de las medidas.
Entre las que exige Vox, están: seguridad en las calles, vivienda accesible, fin del despilfarro de dinero público y bajas masivas de medidas, prioridad de los españoles en sanidad, fin de Mercosur y el Pacto Verde, fin de las políticas de sustitución demográfica, la familia en el centro de todas las políticas, agenda España frente a las imposiciones de la Agenda 2030, reindustrialización de España y medidas que frenen el éxodo de los jóvenes de su patria, fin del adoctrinamiento en las aulas y rechazo de los acuerdos alcanzados por el PP y el PSOE en Europa.
La delegación del PP está encabezada por Miguel Tellado, secretario general. Marta Varela, jefa de gabinete de Alberto Núñez Feijóo, está participando de la misma manera telemática. Además, también están presentes la presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, y su secretario general, Abel Bautista.
La delegación de Vox está compuesta por Óscar Fernández, portavoz en la Asamblea de Extremadura; Montserrat Lluís, secretaria general adjunta; José María Figaredo, portavoz nacional de Economía, Energía y Desregularización; y Carlos Hernández Quero, portavoz nacional de Vivienda.
