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Después de las elecciones del 8 de marzo hay una cosa segura: quien sea presidente no tendrá mayorías en el Congreso. Veámoslo con las cifras del Senado, que permiten un cálculo más simple: son 103 senadores, por lo cual un presidente requiere contar con al menos 52 senadores para lograr la mayoría. Todos los candidatos están muy lejos de esa cifra: si Cepeda gana, contaría con 27 del Pacto Histórico y probablemente dos indígenas; si es Valencia la presidenta, tendría 17 del Centro Democrático y probablemente los tres de Salvación Nacional. La cosa es aún peor para De La Espriella, si ocurre la catástrofe nacional de que sea elegido, o para Fajardo, si este sorprendentemente resurge del hueco en donde se ha metido por su propia terquedad.
Algunos dirán que la dispersión esta política es buena porque expresa pluralismo y obliga a quien sea presidente a convencer a otras fuerzas o a concertar con ellas, lo cual reduciría la polarización e incrementaría la discusión democrática. Ojalá sea así, pero la experiencia muestra que eso no suele suceder en los regímenes presidenciales, por una razón muy sencilla: ningún congresista tiene un interés genuino en que al presidente le vaya bien, salvo los de su propio partido, por cuanto los periodos de presidente y Congreso son fijos. El gobierno no puede disolver el Congreso y convocar a elecciones, y el Congreso tampoco puede hacer que el gobierno caiga. Ambos, los congresistas y el presidente, tienen que soportarse por cuatro años, a lo cual debe uno agregar que ambos se sienten representantes del pueblo por haber sido ambos electos popularmente. Todo esto plantea serias disfunciones y tensiones: el presidente no puede impulsar su agenda, o para hacerlo tiene que recurrir a prácticas no santas, como la llamada mermelada, que muchas veces linda con la ilegalidad y la corrupción. O el gobierno puede, entonces, sentirse tentado a invocar su origen democrático (yo soy el pueblo) y, para lograr que sus reformas avancen, puede proceder a interpretar muy ampliamente sus poderes reglamentarios o a recurrir a estados de excepción o a impulsar pronunciamientos plebiscitarios. Y entonces tenemos presidentes que combinan la prepotencia con la impotencia, y nada de eso es deseable.
Por esa dinámica del presidencialismo, varios politólogos como Juan Linz han señalado desde hace años que esta forma de gobierno funciona mal en un sistema multipartidista porque tiende a la crisis, al estancamiento oa la corrupción. Y un multipartidismo moderado (no excesivo, como el actual colombiano) es deseable por razones de pluralismo, pero es difícil, casi imposible, combinarlo con el presidencialismo.
En un régimen parlamentario, la cosa es distinta: si ningún partido logra la mayoría absoluta en las elecciones, lo cual es habitual si hay pluripartidismo, entonces la única solución es que haya acuerdos formales entre partidos para formar un gobierno de coalición y que así algún dirigente pueda contar con el visto bueno del Parlamento y se convierta en primer ministro. Pero como este primer ministro no puede mantenerse en el poder sin ese apoyo de los partidos, esa coalición tiende a ser más seria y programática que las que derivan de la mermelada en el presidencialismo. Los partidos que hacen parte de la coalición tienen entonces un interés genuino en que al gobierno le vaya bien pues hacen parte del mismo, con lo cual los parlamentarios suelen ser más disciplinados y serios. Y los partidos que no están en la coalición tienen entonces interés en ejercer una oposición genuina.
¿No muestra esta situación colombiana que Colombia y otros países de América Latina deberíamos discutir seriamente el abandono del presidencialismo como forma de gobierno?
* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.
