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- Autor, Francesca Lessa
- Título del autor, La conversación*
Hace cincuenta años, el 25 de noviembre de 1975, oficiales de inteligencia militar de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay se reunieron en Santiago, la capital chilena, para establecer lo que denominaron el «Sistema Cóndor».
Mejor conocido como Operación Cóndor o Plan Cóndor, se trataba de una red de terror transnacional secreta que permitía a los regímenes represivos de estos países perseguir a opositores en el exilio.
Dejó un legado de tortura, así como cientos de secuestros, desapariciones y asesinatos.
El Sistema Cóndor se construyó sobre tres pilares operativos principales.
Primero, toda la información de inteligencia sobre presuntas actividades subversivas en la región se centralizaba en una base de datos en Santiago.
Segundo, un canal de comunicaciones encriptado permitía a los agentes estatales comunicarse de forma secreta y eficiente.
Y tercero, la denominada Oficina de Coordinación y Comando Avanzado supervisaba las actividades operativas conjuntas.
Argentina, Chile y Uruguay también configuraron la unidad Teseo contra los exiliados de esos tres países que vivían en Europa.
Si bien la Operación Cóndor finalizó a finales de 1978, las operaciones bilaterales, en las que Argentina colaboró principalmente con Brasil, Paraguay y Chile, continuaron hasta principios de 1981.
El Plan Cóndor permitió a los líderes sudamericanos atacar a personas que habían huido de sus países de origen y continuaron denunciando las dictaduras desde el extranjero.
Debido al carácter ultrasecreto del Plan Cóndor no existen listas oficiales de víctimas.
Sin embargo, mi investigación ha permitido confirmar que hubo al menos 805 víctimas entre agosto de 1969, cuando varios regímenes sudamericanos comenzaron a colaborar de manera informal, y febrero de 1981.
Si bien las víctimas provenían de diversos orígenes, en su mayoría eran activistas políticos y sociales, además de miembros de grupos armados revolucionarios, principalmente de Uruguay, Argentina y Chile.
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En busca de justicia
Desde 1976, cuando las operaciones represivas del Plan Cóndor alcanzaron su punto máximo, se recopilaron pruebas sobre las atrocidades cometidas por los Estados miembros.
En 1977, por ejemplo, el periodista uruguayo Enrique Rodríguez Larreta prestó declaraciones ante Amnistía Internacional en Londres sobre su secuestro en Buenos Aires el año anterior. Había viajado allí para buscar a su hijo desaparecido.
Rodríguez Larreta relató cómo fue detenido y torturado en tres cárceles secretas de Argentina y Uruguay, antes de ser liberado seis meses después. Su testimonio proporcionó pruebas irrefutables de la coordinación clandestina entre los regímenes militares de Sudamérica.
En 1979, el periodista estadounidense Jack Anderson publicó un artículo en el Washington Post que reveló el papel de la Operación Cóndor en el asesinato de Orlando Letelier en 1976. Letelier fue ministro del gobierno del expresidente socialista chileno Salvador Allende.
El avance hacia la justicia fue limitado mientras las dictaduras sudamericanas permanecieron en el poder. Sin embargo, el colapso de varios regímenes en la región en la década de 1980 abrió una ventana de oportunidad.
Este período fue testigo de logros pioneros, como el informe Nunca Más, publicado en 1984 por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas de Argentina.
Además de investigar la práctica sistemática de la dictadura militar de desaparecer personas, la comisión fue el primer organismo estatal oficial en reconocer la maquinaria de terror transnacional de la Operación Cóndor.
Sin embargo, la posibilidad de que los perpetradores fueran juzgados por sus crímenes se vio nuevamente postergada.
Las llamadas leyes de impunidad fueron sancionadas por los gobiernos democráticos de Argentina y Uruguay en 1986 y 1987, impidiendo efectivamente procesos judiciales contra personas acusadas de cometer delitos durante las dictaduras militares.
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Estas leyes se aprobaron principalmente para apaciguar a los militares y prevenir nuevos levantamientos tras el retorno a la democracia. Las leyes de Argentina y Uruguay se sumaron a las leyes de amnistía existentes en Brasil y Chile.
La situación finalmente comenzó a cambiar en 1998. Ese año, el exdictador chileno Augusto Pinochet fue detenido en Londres para enfrentar cargos por abusos contra los derechos humanos, incluidas las atrocidades del Plan Cóndor.
Pinochet se libro de ser juzgado por razones médicas. Sin embargo, desde entonces se han logrado avances considerables en la investigación, el procesamiento y la condena de agentes estatales por atrocidades cometidas durante el Plan Cóndor.
Más de 100 oficiales civiles y militares sudamericanos han sido condenados a prisión por crímenes cometidos durante la Operación Cóndor.
Mi investigación ha mapeado 50 juicios penales desde 1976 que intentaron esclarecer algunas de estas atrocidades. Hasta la fecha, se han dictado sentencias condenatorias en 40 de estos juicios, con más de 100 personas condenadas a prisión.
Entre ellas se incluyen figuras de alto perfil como los exdictadores Reynaldo Bignone de Argentina y Juan María Bordaberry de Uruguay. Varios oficiales militares de alto y medio rango, como el coronel chileno Manuel Contreras, el almirante argentino Antonio Vañek y el coronel uruguayo José Nino Gavazzo, también fueron encarcelados.
La mayoría de estos juicios se llevaron a cabo en Sudamérica, con 13 veredictos dictados en Argentina, 11 en Uruguay y siete en Chile.
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En septiembre de 2025, los oficiales de inteligencia militar retirados Carlos Alberto Rossell y Glauco Yannone fueron condenados en Uruguay a 12 años de prisión.
Estos hombres fueron declarados culpables de secuestrar y torturar a los activistas políticos Universindo Rodríguez y Lilián Celiberti, así como a los dos hijos de Celiberti, en la ciudad brasileña de Porto Alegre en 1978.
Esta sentencia es significativa, a pesar de un retraso de cuatro décadas. En febrero de 1984, Rodríguez y Celiberti fueron los primeros en presentar una demanda en Uruguay por los crímenes que habían sufrido a manos del Plan Cóndor. En ese momento, Uruguay aún se encontraba bajo la dictadura militar.
Cinco veredictos fueron emitidos por tribunales penales italianos. Un tribunal de Roma condenó a Jorge Tróccoli, exoficial de la Armada uruguaya, a cadena perpetua en octubre.
Tróccoli fue condenado por los asesinatos de la italiana Rafaela Filipazzi, el argentino José Agustín Potenza y la uruguaya Elena Quinteros entre 1976 y 1977. Tróccoli tiene doble nacionalidad uruguaya e italiana y huyó a Italia en 2007 para evitar ser procesado en Uruguay.
Según Alessia Merluzzi, abogada a la que consulté antes de escribir este artículo, este proceso no solo confirmó una vez más la existencia del Plan Cóndor, sino que también indagó en sus mecanismos y estructuras operativas violentas.
Merluzzi añadió que el juicio «reveló el modus operandi de los agentes represivos más allá de fronteras, así como la organización específica, planificada y metódica de las atrocidades sufridas por las tres víctimas».
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Si bien se han logrado avances significativos para lograr justicia para las víctimas del Plan Cóndor, muchos de sus crímenes permanecen ocultos bajo un manto de impunidad y silencio.
Como recomendó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2021, todos los antiguos Estados miembros de la Operación Cóndor deben colaborar para esclarecer el alcance de los crímenes de esta red transnacional.
*Francesca Lessa es profesora asociada de Relaciones Internacionales de América en University College London.
Este artículo fue publicado en The Conversation y reproducido bajo la licencia Creative Commons. Haz clic aquí para leer la versión original.
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