La muerte de Cecilia Quintero, una adulta mayor que colapsó dentro de un punto de dispensación de medicamentos en Cúcuta mientras reclamaba fármacos pendientes, abrió una ventana cruda que refleja la crisis de acceso a fármacos que atraviesa el país. La mujer falleció el martes 24 de febrero en la sede de Cafam del barrio Los Caobos, adonde había acudido para exigir la entrega de medicamentos y suministros que —según su propio testimonio— llevaban meses de retraso. Su caso, documentado en video es solo una historia más que refleja la realidad de cientos de usuarios en Colombia.
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Ella era Cecilia Quintero. Foto:redes sociales
Un reclamo que venía desde septiembre
Minutos antes de morir, Cecilia Quintero habló ante una cámara dentro del dispensario. Dijo ser madre de un hijo con discapacidad, usuario de silla de ruedas por heridas causadas por grupos armados, y explicó que su visita tenía un objetivo concreto: recuperar pañales y otros insumos ordenados para él. “Ya tiene desde el año pasado, desde septiembre, que no le entregan”, afirmó. Según su relato, los pañales habían llegado al punto de dispensación, pero el personal se negaba a entregarlos porque una entrega previa —correspondiente a diciembre— figuraba como vencida. «Ahora dicen que no le entregan los de enero… habiendo pañales, ¿por qué no me entregan el pendiente de enero? Estamos en febrero acabándose», insistió.
El reclamo no era aislado ni exclusivo del hijo. En la misma intervención, Cecilia detalló demoras similares para su esposo y para ella misma. Aseguró que su esposo, con antecedentes cardiovasculares y una cirugía de corazón, no estaba recibiendo medicamentos de uso vital: rivaroxabán 20 mg y propafenona, fármacos indicados para prevenir eventos trombóticos y controlar arritmias. “Si no los toma se muere”, dijo. Para ella, paciente renal, la situación era igualmente crítica: afirmó llevar “seis, siete meses” sin recibir eritropoyetina, tratamiento indispensable para su condición.
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En su testimonio, Cecilia describió un patrón reiterado: pendientes que no se revisan, entregas que se postergan, medicamentos que “se vencen” en el sistema y vuelven a negarse. “Luego van diciendo que se vence y que no los entregan; luego que los entregan hasta la otra semana o hasta los 15 días, y viene uno y dicen que ya se vencieron”, resumió, visiblemente indignada.
La mujer colapsó en una sede de entrega de medicamentos mientras reclamaba pañales y tratamientos. Foto:tomada del video de redes
Minutos después de expresar su reclamo, Cecilia se desmayó. El hecho ocurrió dentro de una sede de entrega de medicamentos que opera para usuarios de Nueva EPS a través de Cafam. El video de su intervención circuló ampliamente en redes sociales y convirtió el caso en un símbolo del momento que vive el sistema de salud, tan solo días después de lo sucedido con Kevin Acosta, el niño de nueve años que murió esperando su tratamiento para la hemofilia severa que padecía.
La respuesta de Cafam y Nueva EPS
Tras conocerse el fallecimiento, Droguerías Cafam emitió un comunicado oficial en el que lamentó la muerte de la señora Quintero y expresó condolencias a su familia. La entidad aseguró que activó “los protocolos establecidos para brindar atención inmediata, solicitando la asistencia de los servicios de emergencia” y afirmó que, con la información disponible hasta ese momento, “no se evidencia ninguna situación irregular con nuestros funcionarios durante la atención”.
Cafam subrayó que se trata de un hecho sensible en proceso de verificación y que no es la entidad llamada a pronunciarse sobre las causas del fallecimiento. Indicó que confía en que las autoridades competentes aclararán lo ocurrido y reiteró su compromiso con la seguridad, la calidad del servicio y el respeto a la privacidad de la familia.
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Nueva EPS y Droguerías Cafam lamentaron el fallecimiento y anunciaron revisión internas. Foto:suministrada
Por su parte, Nueva EPS también se pronunció. En un comunicado fechado el 24 de febrero, la entidad lamentó profundamente lo ocurrido y expresó solidaridad y apoyo a los familiares. Informó que, desde que conoció la situación, activó de manera inmediata sus protocolos internos de verificación y seguimiento para contar con información clara sobre las circunstancias del hecho.
La EPS señaló que trabaja de manera articulada con la red prestadora y las autoridades competentes y que solicitó formalmente a la Superintendencia Nacional de Salud ya los entes de control el acompañamiento y la revisión exhaustiva de los hechos, con el fin de garantizar transparencia, objetividad y celeridad. «Para Nueva EPS, cada afiliación es importante. La protección de la vida y la salud es el eje de nuestro trabajo», afirmó, al tiempo que anunció que se abstendrá de emitir conclusiones hasta contar con información oficial y verificada.
Los medicamentos en disputa y la crisis del sector
El detalle del testimonio de Cecilia permite identificar con claridad los insumos y medicamentos que estaban pendientes:
- Para su hijo con discapacidad: pañales y suplementos/metabólicos ordenados, con retrasos que —según dijo— se arrastraban desde septiembre del año anterior.
- Para su esposo: rivaroxabán 20 mg y propafenona, ambos descritos por Cecilia como de uso vital para su condición cardiovascular.
- Para ella: eritropoyetina, tratamiento asociado a su condición de paciente renal, con una interrupción de varios meses.
Más allá del listado, el núcleo del reclamo apuntaba a la gestión de “pendientes”, a los vencimientos administrativos y a la imposibilidad de acceder a tratamientos que, en sus palabras, estaban básicamente disponibles en el dispensario.
El telón de fondo es la crisis de acceso a medicamentos. El caso de Cecilia ocurre en medio de una crisis más amplia en la entrega de fármacos en Colombia. Pacientes trasplantados, personas con diabetes, enfermedades huérfanas y patologías crónicas han reportado dificultades para acceder a tratamientos esenciales. El debate enfrenta al Gobierno ya los gestores farmacéuticos: mientras el Ejecutivo denuncia acaparamiento, los gestores señalan deudas impagas y problemas de liquidez que impiden reabastecer el canal institucional.
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El caso expuso fallas del sistema y reavivó el debate entre EPS, gestores farmacéuticos y Gobierno. Foto:archivo particular
En Colombia coexisten dos canales de distribución: el institucional, a través del cual las EPS entregan medicamentos prescritos, y el comercial, que corresponde a la venta directa en farmacias. Expertos señalan que las deudas de las EPS con los gestores farmacéuticos han afectado la capacidad de reabastecimiento del canal institucional, aunque en el canal comercial suele haber disponibilidad por el flujo inmediato de recursos. Es decir, hay medicamentos para venta, pero no hay para entrega institucional, porque las EPS mantienen deudas con los gestores.
Desde el Gobierno, el presidente Gustavo Petro ha sostenido desde el año pasado que existe acaparamiento por parte de actores privados y ha pedido acciones de inspección y vigilancia. El Ministerio de Salud ha asegurado que ha realizado giros para garantizar la distribución, aunque gremios del sector afirman que las deudas acumuladas siguen siendo altas y generan “intermitencias en el abastecimiento”.
Expertos consultados por EL TIEMPO advierten que la narrativa política no resuelve un problema que es claramente financiero. Básicamente no hay recursos suficientes para que se paguen deudas a los gestores farmacéuticos, varias de ellas de EPS intervenidas por la Supersalud, como Nueva EPS.
En lo que respecto a la dispensación de medicamentos, un reciente informe presentado por la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro), la cartera del sector farmacéutico llegó a los $ 4,2 billones al cierre del segundo trimestre de 2025, una cifra que refleja el agravamiento de una crisis que ya supera los límites de lo sostenible. De ese monto, el 35,3 % corresponde a cartera vencida y cerca del 3 % a cartera irrecuperable.
De acuerdo con Ignacio Gaitán, presidente de Afidro, «lamentablemente, la falta de medicamentos en el caso de Kevin Acosta, como en el de otros pacientes con hemofilia y de otras patologías, se debe a la crisis financiera del sistema de salud. Hoy, toda la cadena está afectada: profesionales de la salud haciendo su trabajo en condiciones laborales muy difíciles, IPS cerrando servicios, una UPC que no alcanza y, en nuestro caso, una cartera sin antecedentes. Según informes como el de la Contraloría, el sistema está gastando más de lo que recibe: en 2024, por cada 100 pesos ingresados, las EPS gastaron 110 pesos en costos”.
EDWIN CAICEDO
Periodista de Medio Ambiente y Salud
@CaicedoUcros
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