La intervención estatal a la EPS Famisanar volvió a quedar en el centro del debate público tras una nueva denuncia del representante a la Cámara Andrés Forero, quien aseguró que, luego de sus cuestionamientos sobre el manejo de recursos en la entidad, el agente interventor habría desatado una “caza de brujas” al interior de la EPS, con despidos masivos de trabajadores y el consecuente pago de millonarias indemnizaciones, en medio de una crisis financiera y operativa sin precedentes.
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La denuncia fue hecha por el congresista a través de un mensaje publicado en la red social X, en el que afirmó que el interventor Germán Darío Gallo estaría despidiendo personal “a diestra y siniestra”, sin considerar el impacto económico de las indemnizaciones ni el contexto crítico que atraviesa la EPS intervenida. Forero planteó además un interrogante político de fondo: si estas decisiones estarían abriendo espacio para el ingreso de personas cercanas a la administración interventora. Por ahora, la EPS no se ha pronunciado sobre las afirmaciones del representante Forero.
Denuncia de Andrés Forero sobre despidos en Famisanar. Foto:Andrés Forero
La denuncia sobre el mal uso de recursos en Famisanar
El señalamiento se suma a una controversia previa que ya había puesto bajo la lupa el manejo de los recursos en Famisanar. En semanas recientes, el congresista denunció un presunto derroche de dineros públicos al interior de la EPS, al asegurar que el agente interventor habría autorizado una costosa fiesta de fin de año, mientras pacientes con enfermedades de alto costo enfrentaban dificultades para acceder a medicamentos.
Según Forero, al menos 37 pacientes con esclerosis múltiple se encontraron sin tratamiento desde octubre, mientras que la celebración habría tenido un costo cercano a los 119 millones de pesos. El representante desglosó ese monto en supuestos pagos de 60 millones de pesos por un espectáculo musical, 25 millones para la compra de lechonas y 27 millones por el alquiler del lugar donde se realizó el evento. El congresista afirmó, además, que solicitó información oficial sobre esos gastos, pero que esta le fue negada bajo el argumento de que se trataba de información reservada, razón por la cual —según dijo— personas inconformes dentro de la EPS le hicieron llegar fotografías y un resumen de los costos.
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Andrés Forero, representante del Centro Democrático. Foto:Sergio Acero. EL TIEMPO
En esa ocasión, Forero también cuestionó directamente al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y al superintendente nacional de Salud, Bernardo Camacho, para que aclararan si estaban de acuerdo con ese presunto uso de recursos y si mantendrían en el cargo al interventor, pese a lo que calificó como una serie de escándalos en apenas dos meses de gestión.
La respuesta desde Famisanar no tardó. Bajo el título “Hechos, no relatos”, Germán Darío Gallo, interventor de la EPS, rechazó los señalamientos y defendió su gestión, asegurando que el debate público debe sustentarse en datos verificables. El agente interventor sostuvo que, durante los primeros 60 días de su administración, se han adoptado medidas de orden administrativo y disciplina financiera que ya muestran resultados, entre ellas una reducción del 43 % en la pérdida proyectada y una disminución de la siniestralidad, que pasó de 117,6 % a 108,5 %.
Celebración realizada por Famisanar. Foto:Andrés Forero
Frente a los cuestionamientos sobre el manejo de los recursos, Gallo recordó que los gastos administrativos de las EPS están regulados por un tope del 8% anual. Según explicó, en octubre de 2025 este indicador se ubicaba en 6,7 % y el año cerró en 5,4 %, lo que, a su juicio, evidencia una política de austeridad y control. En cuanto a la atención a los usuarios, señaló que la intervención debe medirse por la capacidad de estabilizar la operación y garantizar la continuidad del servicio, más allá del “ruido mediático”.
La nueva denuncia sobre despidos en un momento crítico
Ahora, esta nueva denuncia sobre despidos se produce en un contexto especialmente sensible para Famisanar. La EPS se encuentra bajo intervención forzosa administrativa desde el 15 de septiembre de 2023, medida que fue prorrogada por segunda vez en septiembre de 2025 por decisión de la Superintendencia Nacional de Salud, debido al deterioro financiero, el incumplimiento de condiciones de habilitación y el aumento sostenido de las quejas de los usuarios.
Las cifras oficiales muestran que uno de los indicadores más críticos durante la intervención ha sido el comportamiento de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias (PQRD). En 2023, antes de la intervención, la EPS registró 78.830 quejas entre enero y septiembre. En 2024, ya intervenida, el número aumentó a 84.081 en el mismo período, y en 2025, solo entre enero y junio, ya se contabilizan 75.393 reclamos, un volumen que se aproxima al total de nueve meses de 2023.
Germán Darío Gallo, interventor de Famisanar. Foto:famisanar
Ante este panorama, el agente interventor ha asegurado que se han implementado acciones de choque que permitieron reducir las PQRS acumuladas en un 58% y disminuir el número de tutelas, que pasó de 2.775 en octubre a 1.808 en diciembre. Como parte de la estrategia, también se destacaron recorridos regionales para fortalecer el diálogo con autoridades locales y prestadores de servicios.
Mientras tanto, el cruce de señalamientos entre el representante Forero y la intervención mantiene viva la discusión sobre la eficacia, la transparencia y el impacto real de la medida adoptada por el Gobierno en Famisanar, en un sistema de salud que sigue enfrentando una crisis estructural y una creciente presión social y política.
EDWIN CAICEDO
Periodista de Medio Ambiente y Salud
@CaicedoUcros
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