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el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional aplazó para el próximo lunes 30 de marzo la continuación de la audiencia preliminar seguida contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (intrantante), Hugo Beras, el empresario José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) y otros implicados en el caso de presunta corrupción administrativa denominado operación camaleón.
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La decisión fue adoptada por la jueza Yanibet Rivasluego de acoger un pedimento de la defensa del imputado Mariano Gustiniquien no pudo comparar por motivos de salud debidamente certificados.
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Durante la vista, la magistrada explicó que el tribunal recibió documentacion medica remitida formal por el acusado a través de su abogado, Mario Aguileraque justifica la inasistencia la cual incluye sello, número de exequátur, miembro institucional, diagnóstico y evaluación clínica.
«»Siempre que me hacen este tipo de pedido, me pregunto cuál es el artículo del Código Procesal Penal donde alguna disposición te dice que un certificado y que da un médico tiene que ser revisado por otro médico»,»jueza
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La jueza demostró que las certificaciones presentadas cumplen con los requisitos legales y, por tanto, justifican la ausencia del imputado, razón por la cual decidió suspender la sesión y fijar su continuación para la próxima semana, a las 9:00 de la mañana, con la misma agenda procesal.
acusación
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el Ministerio Públicorepresentada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (peca), busca que se dicte auto de apertura a juicio contra 10 personas físicas y siete empresas vinculadas al entramado, entre ellas el exdirector del intrantante, Hugo Berasel empresario José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez), sindicatos como los cabecillas del entramado de corrupción.
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De acuerdo con la acusación, los principales imputados, junto a varias entidades comerciales como Aurix SAS, Dekolor SRL, PagoRD Xchange SRL y Transcore Latam SRL, habrían operado una red que obtuvo contratos irregularesincluyendo el sistema de semaforización del Gran Santo Domingo.
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El órgano acusador sostiene que estas empresas recibieron acceso privilegiado mediante convenios irregulares, lo que permitió el envío de más de 1,300 millones de pesos y la ejecución de operaciones de lavado de activosen violación de los principios de transparencia, legalidad administrativa y seguridad tecnológica.
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La audiencia fue suspendida sin mayores incidentes y se espera que el proceso continúe el lunes con la presentación de los argumentos pendientes por las partes involucradas.
