La medida fue concedida a la organización civil Sélvame del Tren y está dirigida a la Subprocuraduría de Recursos Naturales de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), así como a la Dirección General de Delitos, Conmutaciones, Denuncias y Quejas de la misma dependencia. El fallo ordena a dichas instancias adoptar acciones para preservar el entorno durante la edificación del Tramo 5, entre ellas inspecciones, verificaciones y medidas de conservación en las zonas naturales atravesadas por esta sección del sistema ferroviario.
aunque la resolución no implica la cancelación permanente del proyectoSélvame del Tren sostuvo que representa un avance relevante “hacia la protección de nuestros recursos naturales y garantiza que se realizarán labores de verificación, inspección, conservación y resguardo ante las denuncias públicas correspondientes”, señaló la agrupación.
El Tren Maya recorre poco más de 1,550 kilómetros a través de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. El megaproyecto fue concebido por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador como parte de una estrategia para reducir la desigualdad y fortalecer la integración económica del sureste. Sin embargo, organizaciones ambientales señalan que su desarrollo ha provocado la deforestación de al menos 6,659 hectáreas, afectaciones en aproximadamente 125 cenotes y cavernas, además de impactos en decenas de corredores de fauna.
El Tramo 5, que conecta Cancún con Tulum (dividido en dos secciones: norte y sur), es considerado el más afectado por la deforestación, con la pérdida estimada de 3.6 millones de árboles. Asimismo, el resto del proyecto atraviesa áreas de alto valor ecológico como el Sistema Lagunar Catazajá, en Chiapas y Tabasco; el sitio Ramsar Anillo de Cenotes, en Yucatán; y la Reserva de la Biosfera Los Petenes, en Campeche.
No es la primera ocasión en que este tramo enfrenta una suspensión judicial. En 2024, un tribunal federal ordenó detener los trabajos del Tramo 5 Sur hasta que se acreditara ante el Juzgado Primero de Distrito en Yucatán la realización de estudios geológicos, geofísicos y geohidrológicos previstos en las condicionantes 9 y 10 de la autorización ambiental, así como un pronunciamiento previo de la autoridad ambiental respecto a sus resultados y su incidencia en la ejecución del proyecto.
En ese contexto, Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), reconocer públicamente los daños ocasionados en los ecosistemas de la península de Quintana Roo. Ante ello, la dependencia propuso un plan de rescate integral para toda la obra. Entre las acciones planteadas destacan el retiro de mallas metálicas que impiden el libre tránsito de fauna silvestre, la protección de cavernas y cenotes y la prohibición de abrir caminos secundarios en la selva con fines turísticos.
