La Red de Veedurías de Colombia, a través de su presidente Pablo Bustos Sánchez, remitió solicitudes formales a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República, para que revisen de manera preventiva la decisión del Consejo Directivo del Fondo Nacional de Salud para la Población Privada de la Libertad de implementar un modelo de atención en salud mediante un operador único nacional.
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Según los escritos, la medida fue adoptada sin que exista evidencia pública de estudios técnicos, jurídicos y financieros que garantizan la viabilidad del nuevo modelo, ni de un plan de transición que asegure la continuidad de los servicios de salud para los internos del país. La veeduría advierte que esta decisión podría derivar en afectaciones graves a derechos fundamentales como la salud, la vida, la dignidad humana y la integridad personal de la población privada de la libertad.
El documento recuerda que la prestación de servicios de salud a las personas privadas de libertad se enmarca en una relación especial de sujeción frente al Estado, lo que obliga a adoptar medidas estrictas de protección.
Nueva EPS sería el nuevo operador de la salud para personas privadas de la libertad. Foto:MAURICIO MORENO
El modelo de salud para la población privada de la libertad.
El Fondo Nacional de Salud para la Población Privada de la Libertad (PPL) opera actualmente bajo la administración de Fiduprevisora SA, mediante el Contrato de Fiducia Mercantil No. 298 de 2025, adjudicado a través de licitación pública realizada por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec). Este contrato garantiza la contratación de prestadores de salud a nivel nacional para atender necesidades de baja, mediana y alta complejidad.
Sin embargo, el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Salud, con base en una propuesta del Ministerio de Salud y Protección Social, permitió implementar el modelo de operador único y ordenó la terminación anticipada de los contratos vigentes suscritos por la fiduciaria. Según Bustos Sánchez, la decisión se tomó sin respaldo técnico suficiente y sin garantizar la continuidad del servicio, lo que genera preocupación directa tanto en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) como en los propios internos.
La veeduría enfatiza que cualquier modificación en la prestación de servicios esenciales debe respetar los principios de continuidad, progresividad y no regresividad, tal como lo ha establecido la Corte Constitucional (sentencia T-427 de 2019). Además, advierte que la implementación del nuevo modelo pretende realizarse en un plazo inferior a dos meses y que la responsabilidad recaería en una entidad promotora de salud del régimen ordinario, como lo es Nueva EPS, cuyo modelo operativo no está diseñado para las particularidades de la población privada de la libertad. Esto, señalan, plantean serias dudas sobre la viabilidad jurídica, técnica, financiera y operativa del modelo.
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Alertan posible detrimento patrimonial y riesgos jurídicos en cambio del modelo de salud carcelaria. Foto:Prensa Alcaldía de Barranquilla
Los documentos remitidos a la Procuraduría y la Contraloría detallan posibles irregularidades disciplinarias, fiscales y penales. Entre las conductas señaladas se encuentran presunto prevaricato, celebración indebida de contratos, abuso de función pública y expedición de actos administrativos con falsa motivación. Desde el punto de vista fiscal, se advierte riesgo de perjuicio patrimonial por indemnizaciones, compensaciones y sobrecostos no previstos, además de un uso potencialmente antieconómico e ineficiente de los recursos destinados a la prestación de salud.
La veeduría solicitará a ambos órganos de control: adelantar la revisión preventiva de las decisiones adoptadas, evaluar la posible afectación de derechos fundamentales, determinar la procedencia de actuaciones disciplinarias, dar traslado a los organismos de control fiscal o penal si se encuentra mérito para ello, y adoptar medidas preventivas que eviten la interrupción o regresión de los servicios de salud a la población privada de la libertad.
Los escritos incluyen además solicitudes de documentación, como el acta de la sesión 001 del Consejo Directivo, el audio completo de la sesión, las hojas de vida de los integrantes del consejo, los estudios técnicos, jurídicos y financieros que soportaron la decisión, y el plan de transición para la implementación del nuevo modelo.
EDWIN CAICEDO
Periodista de Medio Ambiente y Salud
@CaicedoUcros
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