Llenando el cielo. Lo que antes era territorio exclusivo de gobiernos y grandes corporaciones ahora está al alcance de startups con presupuestos modestos. FOSSA Sistemas, una empresa española, ha desplegado más de 20 satélites con menos de 10 millones de euros de financiación total, según cuenta Kfund. En España, el número de objetos lanzados al espacio se ha más que triplicado entre 2021 y 2024, pasando de 21 a 69 payloads. A nivel global, el cambio es aún más dramático, pues si bien antes hacían falta décadas para desplegar constelaciones enteras, ahora eso se consigue en cuestión de meses.
Cambios. La caída de precios se debe sobre todo a una serie de factores convergentes. Por un lado la reutilización de cohetes que han perfeccionado desde SpaceX. Además de ello, ahora existe una estandarización de satélites (de máquinas gigantes y personalizadas a microsatélites modulares), mientras también se están aprovechando economías de escala.
Todo indica que el costo por kilogramo seguiría tendiendo a la baja, y el siguiente salto podría venir de Starship, el cohete de carga pesada de SpaceX que promete reducir aún más los costos.
Más satélites, también más problemas. Esta democratización ha supuesto un escenario complicado. Ahora la barrera de entrada para enviar objetos al espacio es mucho más baja que antes, por lo que también aumenta el riesgo de lanzar satélites sin coordinación centralizada. Hace un tiempo también hablamos sobre el riesgo de colisión, que se ha acelerado en los últimos años debido a la masificación de la órbita baja terrestre.
Entre las consecuencias nos encontramos con basura espacial que crece exponencialmente (cada colisión genera fragmentos que pueden causar nuevas colisiones), interferencias entre frecuencias de comunicación, y una creciente militarización orbital difícil de monitorizar.
Marcos jurídicos insuficientes. El espacio exterior funciona bajo tratados internacionales diseñados desde la Guerra Fría, cuando solo dos potencias tenían capacidad de acceso orbital. Hoy, con cientos de operadores privados y estatales, esos marcos jurídicos resultan insuficientes. Por esto mismo, las limitaciones sobre cuántos satélites puede lanzar un operador, dónde deben ubicarse o dónde terminarán al final de su vida útil son temas que no son gestionados por ninguna autoridad global.
El resultado es una especie de «tragedia de los comunes» orbital en la que todos se benefician del acceso barato, pero nadie asume completamente los costes de este tráfico masivo.
Fragmentación. «El mundo está cambiando continuamente, en algunos lugares más rápido que antes», señala Silviu Pirvu, Presidente y CTO de Optimal Cities, en la firma Kfund. La infraestructura espacial nos sirve más que nunca para responder a una crisis, gestionar riesgos o tomar decisiones en tiempo real, aunque el panorama de control y gobernanza de esta misma infraestructura es peliagudo.
Mientras tanto, Europa intenta ganar soberanía con iniciativas como IRIS² para reducir la dependencia de proveedores no europeos, pero la fragmentación regulatoria persiste.
Los riesgos a largo plazo. La comunidad científica lleva años advirtiendo sobre el Síndrome de Kessler: un escenario en el que la densidad de objetos en órbita alcanza baja un punto crítico donde las colisiones en cascada hacen inviable el uso de ciertas órbitas durante generaciones. Aunque estamos lejos de ese extremo, cada año que pasa sin regulación efectiva nos acerca a esa realidad.
La Agencia Espacial Europea estimación que ya hay más de 36.000 objetos de más de 10 centímetros en órbita, la mayoría basura.
Regular un bien común. Hay varias preguntas sobre la mesa, pero quizás lo más interesante sería saber cómo se regula un bien común global cuando existen incentivos comerciales y estratégicos que empujan a una dirección contraria. A pesar de que existen numerosos sistemas de monitorización espacial, como el SSA (Conciencia de la situación espacial) de la ESA, esta capacidad no es una solución al problema de fondo para establecer límites.
Imagen de portada | ESA
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