La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por la decisión del Consejo Directivo del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad de adoptar un esquema de operador único para la prestación del servicio de salud, ahora a cargo de la Nueva EPS.
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La advertencia se centra en los riesgos que podrían implicar la transición para más de 100.000 personas privadas de la libertad, quienes dependen integralmente del Estado para la garantía de sus derechos fundamentales. Según la entidad, la alerta se sustenta en la compleja situación financiera, administrativa y operativa que atraviesa la Nueva EPS, advertida por la Procuraduría General de la Nación tras dos años de intervención, así como en el elevado número de acciones de tutela interpuestas en su contra durante 2025.
Para la Defensoría, este contexto genera incertidumbre sobre la capacidad real de la EPS para asumir la atención en salud de esta población, en un sistema penitenciario que ya ha sido objeto de múltiples llamados de atención por parte de la Corte Constitucional. mil alto tribunal ha declarado y reiterado en cuatro ocasiones el estado de cosas inconstitucional en el sistema carcelario —en las sentencias T-153 de 1998, T-388 de 2013, T-762 de 2015 y SU-122 de 2022— debido a fallas estructurales persistentes, particularmente en la garantía del derecho fundamental a la salud. Además, el Auto 607 de 2024 evidencia la persistencia de graves barreras de acceso para esta población.
En ese escenario, la Defensoría advirtió que cualquier transición debe estar respaldada por estudios técnicos suficientes que garanticen la continuidad asistencial y una adecuada planeación. El objetivo, señaló, es evitar interrupciones en tratamientos, en el suministro de medicamentos y en la oportunidad de la atención, así como prevenir riesgos de contravenir la Ley Estatutaria 1751 de 2015, que prohíbe retrocesos en la garantía del derecho a la salud.
La entidad también informó que desde enero solicitó ser invitada al Consejo Directivo del Fondo Nacional de Salud para aportar al proceso de toma de decisiones. a través de sus delegadas para la Política Penal y Penitenciaria y para el Derecho a la Salud y la Seguridad Social. Sin embargo, pese a haber remitido la justificación correspondiente, aseguró que hasta la fecha no ha recibido respuesta.
En su calidad de entidad líder en el seguimiento al estado de cosas inconstitucional, la Defensoría instó a las autoridades competentes a adoptar una serie de medidas para garantizar la prestación inmediata, continua y sin interrupciones del servicio durante todo el proceso de transición.
Entre las solicitudes, pidió a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) garantizar la continuidad del servicio; al Ministerio de Justicia y del Derecho, al Ministerio de Salud y Protección Social ya la Uspec presentar y socializar los estudios técnicos, jurídicos, financieros y operativos que sustentan el modelo de operador único; ya la Uspec, al Ministerio de Salud ya la Nueva EPS divulgar el plan de red integral de prestadores y la relación de contratos que permitan verificar la capacidad instalada.
Asimismo, solicitó diseñar y socializar un plan de transición detallado con cronograma, responsables y mecanismos de seguimiento; fortalecer los mecanismos de supervisión con indicadores públicos y verificables; habilitar canales de información claros y transparentes para las personas privadas de la libertad, sus familias y organizaciones civiles; y garantizar la participación efectiva de veedurías ciudadanas y organizaciones especializadas.
La Defensoría advirtió que activará todos los mecanismos de su competencia cuando se identifiquen riesgos de vulneración o interrupción del derecho fundamental a la salud de esta población.y reiteró su compromiso con la protección y garantía de sus derechos humanos, al señalar que la humanización del sistema penitenciario exige una garantía efectiva, oportuna, integral y de calidad del derecho a la salud.
REDACCIÓN SALUD
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