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el gobierno dominicano emitido su posición respecto al comunicado publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 6 de febrero de 2026, sobre las políticas migratorias adoptadas por el país.
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En su respuesta, el Estado afirma que mantiene su compromiso con la protección de los derechos humanosal mismo tiempo que asegura el cumplimiento de su marco legal interno en materia migratoria.
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El gobierno señaló que el fenómeno migratorio debe analizarse desde una perspectiva regionaldebido a la prolongada crisis política, de seguridad y humanitaria en Haití, que ha generado un flujo migratorio sostenido hacia el país. Destacó que República Dominicana ha asumido, durante décadas, una carga desproporcionada frente a esta situación.
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Asimismo, recordó que, en ejercicio de su soberaníael Estado tiene el derecho y la obligación de regular el ingreso, permanencia y salida de personas, conforme a la Constituciónla legislación nacional y los estándares internacionales de derechos humanos.
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El comunicado subraya que las medidas adoptadas buscan gestionar de manera ordenada un flujo migratorio extraordinario, evitando impactos negativos en la cohesión social y en los servicios públicos.
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Por esta razón, el gobierno rechazar el llamado de la CIDH a aplicar el principio de no devolución de manera general, argumentando que esto implicaría aceptar la entrada de cualquier ciudadano haitiano que desee ingresar de forma irregular al país.
Más
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es su comunicadoafirma el Estado:
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“República Dominicana toma nota del comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicado ayer, relativo a las políticas migratorias adoptadas por el Estado. En ese contexto, fije su posición de manera clara y responsablereafirmando su compromiso histórico con la protección de los derechos humanos y, simultáneamente, con el cumplimiento legítimo de su marco legal interno”.
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El gobierno señaló que el fenómeno migratorio debe analizarse desde una perspectiva regional, debido a la crisis política, de seguridad y humanitaria en haitíque ha generado un flujo sostenido hacia el país. Según el comunicado:
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«La prolongada crisis política, de seguridad y humanitaria en Haití ha generado una presión migratoria sostenida y excepcional. Durante décadas, el Estado dominicano ha asumido, con sentido de solidaridad y responsabilidad humana, una carga desproporcionada frente a una crisis que trasciende sus fronteras”.
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En cuanto a la soberanía del país, el gobierno recordado:
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«En ejercicio de su soberanía, República Dominicana tiene el derecho y la obligación de regular el ingreso, permanencia y salida de personas en su territorio. Esta potestad no es discrecional ni arbitraria: se ejerce conforme a la Constituciónla legislación nacional y los estándares internacionales de derechos humanos. Como ha reconocido reiteradamente el propio sistema interamericano, la facultad de definir políticas migratorias constituye un atributo esencial de la soberanía estatal”.
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El comunicado también subraya que las medidas adoptadas buscan gestionar de manera ordenada un flujo migratorio extraordinario:
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«Las adoptadas por el Gobierno dominicano responden a la necesidad legítima de gestionar de manera ordenada un flujo migratorio extraordinario para evitar el impacto negativo que éstas generan sobre la cohesión social y sobre el gasto en servicios públicos. Ningún Estado puede ser obligado a asumir la protección o prestación de servicios de la población de otro Estado ante el colapso del segundo”.
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Finalmente, sobre la aplicación del principio de no devolución, el Gobierno aclaró:
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“Rechazamos el llamado de la Comisión a la aplicación del principio de no devolución de manera general a todo migrante en condición migratoria irregular, pues lo mismo equivaldría a obligar al Estado dominicano a aceptar a todo ciudadano haitiano que desee ingresar, aún irregularmente, a nuestro territorio”.
