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Aunque los ataques del conflicto actual se desarrollan en el Medio Oriente, los bolsillos de los dominicanos podrían verse afectados si esta situación se prolonga en el tiempo.
El costo de la producción industrial, la energía eléctrica y el transporte —terrestre, marítimo y aéreo— está estrechamente ligado al precio del petróleo. Este recurso podría encarecerse aún más debido a dificultades en su extracción o transporte, derivadas del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.
Algunos efectos ya comienzan a sentirse. El petróleo ronda los US$100 por barril, mientras que en el país el precio del galón de gasolina y del gasoil ha aumentado en RD$5.00, a pesar de que el Gobierno mantiene un subsidio a los combustibles de RD$1,189.8 millones.
Las principales fuentes de ingreso de divisas de la economía nacional, como el turismo y las remesas, también podrían verse afectadas. En un primer momento, el turismo podría beneficiar, ya que los viajeros suelen preferir destinos considerados seguros, como los países del Caribe, incluida la República Dominicana. Sin embargo, si el conflicto impacta la economía global, los viajes suelen ser uno de los primeros gastos que se reducen.
Se espera que las tensiones disminuyan en el Medio Oriente, permitiendo que el flujo de turistas hacia este país —caracterizado por sus playas, palmeras, sol radiante y la hospitalidad de su gente— continúe creciendo, como ocurrió en 2025, cuando se recibieron 11,6 millones de visitantes.
En cuanto a las remesas, su comportamiento dependerá en gran medida de la salud económica de los países donde residen los dominicanos en el exterior. Estados Unidos, principal origen de estos, está directamente involucrado en el conflicto. Si su economía se ve afectada, las remesas podrían disminuir. En 2025, las remesas alcanzaron los US$11.866,3 millones, con un crecimiento del 3% respecto a 2024.
El encarecimiento del petróleo también impacta sectores clave como la generación eléctrica y el transporte. Estos aumentos terminan trasladándose a los costos de producción de alimentos y servicios, afectando directamente a los consumidores o incrementando la carga fiscal del Estado a través de subsidios.
Sin caer en alarmismos, resulta prudente prepararse para mitigar los posibles efectos económicos de este conflicto, procurando que el impacto sobre las finanzas y los hogares públicos dominicanos sea el menor posible.
Por Daniel García Santana
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