El Gobierno Nacional volvió a hacerlo. Pese a las advertencias técnicas, jurídicas y operativas de expertos, usuarios y actores del sistema de salud, el Ejecutivo expidió el Decreto 0182 del 25 de febrero de 2026, una norma que ordena el mayor traslado administrativo de pacientes en la historia reciente del aseguramiento en Colombia: 6,5 millones de afiliados que cambiarán de EPS en apenas tres meses, sin que medie su decisión y en un sistema que ya muestra signos de agotamiento financiero y operativo.
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No es la primera vez que el Gobierno intenta mover millones de usuarios por vía administrativa. Antes, con el Decreto 0858 de 2025, el Ministerio de Salud buscó implementar un rediseño estructural del sistema de salud que incluía cambios profundos en el rol de las EPS y en la organización territorial del aseguramiento. Aquella jugada terminó frenada por el Consejo de Estado, que suspendió provisionalmente el decreto al considerar que el Ejecutivo se había extralimitado en sus funciones y había invadido materias de reserva de ley.
Ahora, con el 0182, el Gobierno retoma parte de ese camino, pero lo hace con un instrumento distinto: no elimina formalmente a las EPS ni redefine todo el modelo de atención, pero reordena de facto el aseguramiento al limitar cuántas EPS pueden operar en cada territorio y forzar la salida de aquellas que no cumplan ciertos umbrales de participación. El resultado práctico es el mismo que se había anunciado el año pasado: un traslado masivo de pacientes decidido desde el Estado.
La decisión, según los expertos, se toma en un momento inoportuno. Foto:Néstor Gómez – EL TIEMPO
Del decreto frenado al decreto ejecutado
El antecedente es clave para entender la dimensión política y jurídica del 0182. El Decreto 0858, suspendido por el Consejo de Estado tras una demanda del representante a la Cámara Andrés Forero, fue leído por amplios sectores como un “plan B” del Gobierno para avanzar en la reforma a la salud luego del estancamiento del proyecto de ley en el Congreso.
El alto tribunal fue contundente: el Ejecutivo no podía, por decreto, reformar integralmente la estructura del sistema de salud ni modificar las reglas del aseguramiento, porque esas materias están algunas como a reserva de ley. El mensaje parecía claro: las transformaciones estructurales debían debatirse en el Legislativo.
Sin embargo, el Decreto 0182 vuelve a tocar el corazón del aseguramiento. Lo hace bajo el argumento de “ordenar técnicamente” el sistema, evitar la fragmentación y garantizar la continuidad en la prestación de los servicios.
Ahora, el 0182 introduce nuevos criterios de habilitación territorial para las EPS. En municipios grandes, solo podrán operar aquellos que alcancen un mínimo del 3% de los afiliados; en departamentos con más de dos millones de habitantes, el umbral sube al 5 %, y en territorios más pequeños puede llegar hasta el 15 %. En municipios con menos de 20.000 habitantes, incluso, solo podrá operar una EPS.
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Las entidades que no cumplan esos requisitos deberán salir del territorio. ¿Qué ocurre con sus afiliados? El decreto crea un mecanismo de “asignación especial”, mediante el cual el Ministerio de Salud y la Dirección redistribuyen automáticamente a los usuarios hacia las EPS que permanecen habilitadas. La asignación es obligatoria tanto para los pacientes como para las receptoras de EPS.
Nueva EPS es la que más reibirá a los usuarios, con más de 2,6 millones que se le añadirán. Foto:MAURICIO MORENO
Los usuarios trasladados deberán permanecer al menos 60 días en la nueva EPS antes de poder solicitar un cambio por libre escogencia. En municipios donde solo quede una o dos EPS habilitadas, ese derecho se vuelve, en la práctica, meramente formal, pues no tendrán ninguna EPS a la cual trasladarse, afectando su derecho a la libre elección.
Los números del reordenamiento
La dimensión del traslado se entiende mejor con cifras. Según el cálculo de la Mesa Nacional de Usuarios, 6.519.719 personas serán movidas de una EPS a otra como resultado de la aplicación del Decreto 0182. Eso equivale al 12,46% del total de afiliados del sistemas.
El impacto no es homogéneo. Hay EPS que pierden una parte sustancial de su población y otras que concentran el grueso de los nuevos afiliados. La principal receptora es Nueva EPS, que pasará de 11,58 millones de afiliados a 14,19 millones: un aumento de 2,6 millones de personas, es decir, un crecimiento del 22,6% en apenas tres meses.
Otras EPS muestran caídas abruptas. Asmet Salud pierde el 54,7 % de su población; Coosalud, el 29,2 %; Famisanar, el 28,4 %; Emssanar, el 21,3%. En el otro extremo, algunas entidades medianas crecen a tasas superiores al 40 %, como SOS y Comfenalco Valle.
Lejos de ser un simple “ajuste técnico”, el decreto redibuja el mapa del aseguramiento y redefine quiénes concentran la población afiliada en cada territorio.
Sanitas es la que peor librada venta del decreto 0182. Foto:César Melgarejo. EL TIEMPO
“Una medida inoportuna e imprudente”
El mayor cuestionamiento de expertos y usuarios se concentra en un punto: el fortalecimiento de Nueva EPS en medio de su crisis. La entidad, intervenida por el Gobierno, arrastra problemas financieros y operativos que han sido denunciados de manera reiterada por pacientes y actores del sistema.
Desde la Mesa de Asociaciones de Usuarios en Salud, su vocero Álvaro Molina fue claro: el traslado de 2,6 millones de personas hacia Nueva EPS agrava una situación ya crítica. “Hoy no conocemos la magnitud real de la situación financiera de Nueva EPS porque llevamos cerca de dos años sin estados financieros públicos”, advierte. Lo que sí conocen los usuarios, dice, son las consecuencias cotidianas: negación de servicios, cierre de atención en prestadores, demoras y falta de entrega de medicamentos.
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Para Molina, el razonamiento del decreto —proteger a los afiliados y evitar quiebras— se desmorona cuando se observa el destino de los traslados. “Si hoy Nueva EPS no tiene capacidad de atender en condiciones mínimas de dignidad y oportunidad a los usuarios que ya tiene, trasladarle 2,6 millones más va a agravar la situación no solo de esos nuevos afiliados, sino de los más de 11 millones que ya están”.
Las advertencias no vienen solo de los usuarios. La presidenta de la Acemi, gremio de las EPS, Ana María Vesga, calificó el decreto como inoportuno e imprudente. Vesga reconoce que la regionalización del aseguramiento puede tener sentido conceptual para ganar eficiencia, pero subraya que no se cumplen las condiciones mínimas para hacerlo ahora.
La primera, insiste, es jurídica. «Como lo dijo el Consejo de Estado el año anterior cuando suspendió el Decreto 0858, los cambios a las reglas del aseguramiento tienen reserva de ley. No pueden implementarse por decreto. En esta ocasión se repite ese error».
La segunda es más grave: la fragilidad del sistema. «Este movimiento de población se da entre entidades que no tienen saldo operativo. Población que hoy está afiliada a una EPS que presta correcta atención muy probablemente será trasladada a EPS bajo medida de intervención». Para Vesga, el resultado no es una reorganización ordenada, sino la profundización de la crisis y el aumento del riesgo para millas de pacientes.
A las advertencias gremiales y de usuarios se suma el análisis del salubrista y académico Luis Jorge Hernández, profesor de la Universidad de los Andes, quien plantea que el problema del Decreto 0182 no está solo en su legalidad, sino en sus efectos previsibles sobre un sistema ya colapsado.
Para Hernández, el reordenamiento que propone el decreto parte de un diagnóstico correcto —la fragmentación del aseguramiento y la baja eficiencia en territorios con poca población—, pero falla en la solución. “Concentrar afiliados en EPS supuestamente más grandes o con mayor presencia territorial puede sonar lógico en el papel, pero el traslado masivo de más de 6,5 millones de usuarios va a sobrecargar a las EPS receptoras, especialmente a aquellas que ya están intervenidas y tienen limitaciones financieras y operativas crónicas”, advierte.
Luis Jorge Hernández, profesor Universidad de los Andes. Foto:luis jorge hernandez
El riesgo, explica, es aún mayor en municipios rurales, de frontera o con baja densidad poblacional. Allí, las EPS intervenidas no han demostrado capacidad para manejar volúmenes adicionales de afiliados, lo que anticipa congestión administrativa, fallas en autorizaciones y deterioro en la calidad de los servicios. “El decreto no crea capacidades nuevas; solo redistribuye una carga que ya es insostenible”, resume.
Hernández también alerta sobre el impacto clínico del traslado. Los movimientos masivos, dicen, interrumpen la continuidad de la atención, especialmente para pacientes con enfermedades crónicas, cáncer, patologías raras o tratamientos de alto costo. «Habrá demoras en autorizaciones, cambios forzados de redes de prestadores y desorientación administrativa. Eso se traduce en un aumento de la morbimortalidad en estos grupos», sostiene. A su juicio, no existe preparación real en las EPS receptoras, lo que agravará la crisis humanitaria que hoy ya se vive en el sistema.
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El decreto, además, obliga a las EPS a contratar al menos el 60% de su gasto en salud con hospitales públicos (ESE), siempre que estos tengan capacidad resolutiva. Para Hernández, la intención de fortalecer la red pública es válida, pero el contexto la vuelve riesgosa. “Si no llegan recursos adicionales y las ESE ya están endeudadas y saturadas, este mandato solo va a empeorar la congestión y el deterioro de la atención”, explica.
Su conclusión es lapidaria: “En lugar de corregir fallas estructurales con planificación y recursos, el Gobierno sigue improvisando con la salud de los colombianos”.
El frente político y jurídico vuelve a abrirse
El decreto también abrió un nuevo frente político. El representante a la Cámara, Andrés Forero, anunció que acudirá nuevamente al Consejo de Estado. Para él, el traslado forzoso hacia Nueva EPS no solo es inconveniente, sino que desconoce el espíritu de la decisión judicial previa.
Forero cuestiona que, mientras el país conoce casos de pacientes que murieron esperando medicamentos como kevin Acosta o Cecilia Quintero —afiliados a Nueva EPS—, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, impulsó el traslado de millones de personas desde EPS que, a su juicio, funcionan mejor, hacia una entidad intervenida. Anunció que pedirá la suspensión del nuevo decreto y advirtió que el Ejecutivo “no puede seguir burlándose del Congreso, de la justicia y de los pacientes”.
Pero, más allá del debate jurídico, el Decreto 0182 introduce un cambio profundo en la lógica del sistema: el Estado pasa de regular el aseguramiento a decidir activamente quién asegura a quién y dónde. La libre escogencia queda subordinada a criterios territoriales definidos desde el centro del país, y millones de pacientes verán alterada su atención sin haberlo elegido.
El traslado que expertos, usuarios y académicos recomiendan no hacer ya está decretado. El pulso ahora se librará en los tribunales, pero sus efectos se sentirán en los hospitales, en las farmacias y en las salas de espera, donde la reorganización administrativa puede convertirse en una nueva capa de incertidumbre para millones de colombianos.
EDWIN CAICEDO
Periodista de Medio Ambiente y Salud
@CaicedoUcros
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