La Mesa Nacional de Asociaciones de Usuarios en Salud emitió este lunes una alerta nacional frente a los posibles cambios administrativos que obligarían al traslado masivo de más de seis millones de afiliados entre Entidades Promotoras de Salud (EPS), lo que, según las organizaciones, agravaría la crisis humanitaria que actualmente afecta a usuarios, pacientes y talento humano del sistema de salud.
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El llamado se produce tras la publicación de actos administrativos del Ministerio de Salud, dispuestos para consulta pública y recepción de comentarios, en los que se evidencia la intención del Gobierno Nacional de expedir un decreto que modificaría estructuralmente el sistema y establecería un proceso de habilitación de EPS basado en criterios territoriales.
Nueva EPS, que cuenta con 11,7 millones de usuarios, recibiría 3 millones más. Foto:MAURICIO MORENO
Traslados masivos y vulneración de derechos
El pronunciamiento de la Mesa Nacional de Asociaciones de Usuarios señala que el decreto implicaría el traslado de 6’606.371 afiliados: 3’198.875 a la Nueva EPS, 289.262 a Savia Salud y 533.429 a SOS, entre otras entidades. Según las asociaciones, estos traslados se ejecutarían sin permitir a los usuarios ejercer su derecho a la libre elección de EPS, trasladándolos, en muchos casos, a entidades intervenidas y con capacidad limitada para prestar servicios de manera digna y oportuna.
El comunicado advierte que estas modificaciones estructurales pondrían en riesgo la continuidad de tratamientos para pacientes con patologías críticas, incluyendo enfermedades crónicas, oncológicas y raras, y generarían presiones financieras adicionales para EPS, IPS y usuarios, quienes podrían verse obligados a cubrir gastos de su propio bolsillo por falta de acceso a los servicios.
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Advertencias previas
Desde septiembre de 2025, informes periodísticos de EL TIEMPO habían alertado sobre el riesgo de traslados masivos en el sistema de salud, en aquel momento estimados en 2,3 millones de usuarios. En aquel momento el Gobierno Nacional, con el Decreto 858 y la Resolución 1789 de 2025, inició una reorganización territorial del aseguramiento que obligaría a estos usuarios a cambiar de EPS en un plazo máximo de seis meses.
Expertos y gremios señalaban entonces que la medida podría afectar la sostenibilidad del sistema, la continuidad de tratamientos y la calidad de la atención, al implementarse sin un plan financiero ni rutas de ejecución claramente definidas. La presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), Ana María Vesga, anunció en entrevista con este diario en dicho momento que “existe un alto riesgo de que esos traslados se traduzcan en deterioro de la atención”.
Ana María Vesga, presidenta ejecutiva de Acemi, había advertido los riesgos de esta medida. Foto:César Melgarejo. EL TIEMPO
Sin embargo, tras la suspensión del Decreto 858 por el Consejo de Estado, y tras la publicación de actos administrativos del Ministerio de Salud, dispuestos para consulta pública, la Mesa Nacional de Asociaciones de Usuarios en Salud ha advertido nuevamente que esta decisión podría tener un impacto negativo para los usuarios.
De acuerdo con la organización, las EPS intervenidas —que serían las principales receptoras de nuevos afiliados— no han mostrado mejoras suficientes en sus capacidades de prestación de servicios. “Ahora con este traslado la crisis humanitaria se agudiza”, advierte el comunicado.
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El documento alerta además sobre lo que se denomina “Shu-Shu-Shu”, haciendo referencia a un escenario en el que las aseguradoras asumirían cargas de enfermedad sin contar con capacidad administrativa ni financiera, generando riesgos para todo el sistema y afectado a pacientes, EPS e IPS.
Frente a esta situación, la Mesa hizo un llamado a que no se adopten decisiones que no solucionen la crisis humanitaria en salud y reitere la necesidad de cumplir las órdenes impartidas por la Corte Constitucional para garantizar la vida de los ciudadanos.
Cientos de pacientes se han manifestado contra la intervención estatal de las EPS. Foto:Milton DFíaz / EL TIEMPO
El pronunciamiento fue firmado por Álvaro Enrique Molina, vocero de la Mesa, y respaldado por representantes de múltiples asociaciones de usuarios de Salud Total, Sanitas, Nueva EPS en Cundinamarca y Bogotá, Sura Medellín y área metropolitana, Aliansalud, Famisanar y Coosalud, entre otras.
Las asociaciones reiteraron que su alerta busca prevenir un mayor deterioro en el acceso y calidad de la atención, priorizando a usuarios, pacientes y trabajadores en un momento crítico para el sistema de salud colombiano.
EDWIN CAICEDO
Periodista de Medio Ambiente y Salud
@CaicedoUcros
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