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Datos del Gaula de la Policía Nacional y de la Fiscalía General de la Nación, revelaron que del total de casos de extorsión en Colombia, cerca del 69% se hace desde centros carcelarios y penitenciarios.
Así, la extorsión que sumó más de 11mil denuncias en 2025, es una preocupación mayúscula para la ciudadanía; si bien este delito se volvió famoso en los años 80 y 90 por ser un mecanismo de financiamiento de grupos armados al margen de la Ley; para los 2000 fue adoptado por bandas delincuenciales, que sin ser grupos armados, empezaron a cobrar “vacunas” por prestar en barrios y veredas, supuestos servicios de vigilancia, rondas de cuidado y garantía de condiciones de comercio ante otros delincuentes.
En la actualidad, se volvió común que luego de hechos mediáticos como ataques, atentados o presencia de grupos armados, se disparen en menos de 72 horas hasta un 49% las llamadas extorsivas que usan nombres como ELN, Disidencias, Clan del Golfo o Tren de Aragua, sin que lo sean, pero generando el miedo suficiente para que las víctimas accedan a las pretensiones delincuenciales.
En este punto se entrelazan cuatro grandes problemas: 1. La crisis del INPEC; 2. La imposibilidad del Estado en controlar a los delincuentes al interior de las cárceles; 3. La mina de oro que encontraron en la extorsión telefónica y 4. La venta de tarjeta sim sin ningún tipo de control en las calles del país.
Los problemas enunciados, crearon un producto colombiano: los centros de llamadas del crimenestructuras con cientos de líneas de celulares activas desde las cárceles, que realizan llamadas las 24 horas para robar datos, engañar para acceder a claves de tarjetas, cuentas y transferencias o hacerse pasar por grupos armados y propiciar desembolsos de dinero.
Pero ¿cómo una persona tras las rejas puede hacer llamadas, no tener quién les controla y además acceder a detalles personales de las víctimas? la respuesta es simple: las simcard con minutos de bienvenida se compran sin control desde 2000 pesos ya las bases de datos de 5.000 personas con nombres, cédulas, dirección, teléfono celular, cuenta de banco, nombre de su cónyuge e hijos y la empresa donde trabaja se accede desde 20.000 pesos.
Lastimosamente la Ley de Habeas Data se quedó en formularios y formatos que pocos leen y en donde las personas aceptan entregar sus datos, para que sin ningún reparo dicha información rote de mano en mano, correo en correo y hasta por mensajería de celular, sin que nadie vigile, regule o
Actúe de manera preventiva. De ahí que la suplantación de identidad, los préstamos hechos por delincuentes a nombre de otras personas y los interminables mensajes de texto para ofertas que no se han pedido, sean el pan de cada día de las y los colombianos.
Mientras tanto y delante de todos, los delincuentes, hacen su fiesta con la venta de datos personales y la extorsión con el arma del miedo.
