No fue necesario que una sola tropa estadounidense disparara un tiro para que se produjera un giro en la gestión del Canal de Panamá favorable a los intereses de Estados Unidos. Bastó con que Washington dejara claro que, para contrarrestar la influencia china en una infraestructura estratégica como el canal, todas las opciones estaban sobre la mesa, incluida la intervención militar.
El factor decisivo que hizo posible este cambio provino de una decisión reciente de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, que declaró inconstitucionales las concesiones otorgadas a Panama Ports Company (PPC). Dicha empresa operaba desde 1997 los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico, y su núcleo de control es de origen hongkonés.
Tras conocerse el fallo, el presidente panameño, José Raúl Mulino, dio un giro a su discurso: pasó de defensor a la administración del canal frente a la afirmación del presidente Donald Trump de que estaba bajo la influencia de China, a anunciar que APM Terminals Panama —filial de la empresa danesa AP Møller-Maersk— fue designada por la Autoridad Marítima de Panamá para asumir de manera temporal la administración de los puertos durante el período de transición.
La decisión fue recibida con beneplacito en Washington. El secretario de Estado, Marco Rubio, expresó que su país se sentía alentado por el fallo. APM Terminals es considerado un operador confiable y experimentado dentro del sector marítimo y logístico, respaldado por la dimensión global y la trayectoria del grupo AP Møller-Maersk, así como por su probada capacidad operativa.
Lo que está en curso, a pesar de la controversia legal en torno a la sentencia, no es únicamente un ajuste administrativo, sino un cambio de carácter geopolítico y estratégico. Este realineamiento de una infraestructura crítica abre importantes oportunidades para la República Dominicana, que tiene a Estados Unidos como su principal socio comercial y podría fortalecerse como un hub secundario de distribución regional y capturar beneficios para su desarrollo que van mucho más allá de la ventaja de los bajos salarios.
La lógica emergente apunta a una especialización complementaria: Panamá se concentraría en asegurar los flujos, y la República Dominicana, en el ensamblaje y los servicios de mayor valor agregado. De este modo, Panamá aseguraría el tránsito, mientras nuestro país capturaría el valor.
