Esta herramienta busca proteger a propietarios e inversionistas frente a los constantes intentos de fraude y falsificación.
El vocero de la institución, José Antonio Thomas, y el asesor legal, la doctora Wendy José Alcántara Ramírez, explicaron que el sistema funcionaría como una “alarma digital”.
El titular del inmueble recibiría notificaciones inmediatas vía correo electrónico o SMS ante cualquier movimiento sospechoso, como intentos de suplantación de identidad para duplicar títulos de viviendas, condominios o fincas.
Para garantizar la sostenibilidad del servicio, Abogain propone que el mantenimiento de este sistema sea financiado mediante una cuota mínima integrada al Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria (IPI).
Además, plantean que esta plataforma debe estar interconectada con la Junta Central Electoral (JCE), la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Procuraduría General de la República (PGR).
Esta integración permitiría un monitoreo riguroso y en tiempo real de cualquier persona que deposite documentos o solicite información sobre traspasos.
Finalmente, instalen a que el sistema incluya una actualización automática del estado jurídico de los inmuebles, al menos dos veces al año, garantizando que el propietario siempre tenga certeza sobre la situación legal de su patrimonio.
Para fortalecer su iniciativa, Abogain sugiere que el sistema de alertas utilice registros inmutables, que no puedan ser cambiados, modificados ni alterados.
Esto no solo avisaría al dueño, sino que dejaría una huella digital imborrable de quién intentó acceder al expediente, dificultando la complicidad interna en los fraudes.
Al implementar este sistema, la República Dominicana escalaría posiciones en los índices de seguridad jurídica internacional, convirtiéndose en un destino mucho más seguro y atractivo para el capital extranjero y la diáspora dominicana, quienes suelen ser las principales víctimas al encontrarse fuera del país.
