Ni Jordi Pujol Ferrusola ni su hermano Oriol ejercieron ninguna clase de presión para que las autorizaciones del vertedero de Tivissa, en Tarragona, salieran adelante. La primera era parte interesada empresarialmente en el proyecto y la segunda era en el año 2002 secretario general del Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme. Los dos, obvia decirlo, eran hijos del entonces presidente, Jordi Pujol i Soley. Pero “en absoluto” presionaron para que tales permisos vieran la luz, ha declarado esta mañana Alfons Manuel López Salgueiro, director general de Qualitat Ambiental de la Generalitat cuando el vertedero fue aprobado. “No soy fácil” de presionar o de aceptar imposiciones, ha dicho López Salgueiro.
El juicio contra la familia Pujol se ha reanudado esta mañana en la Audiencia Nacional, en Madrid, con la declaración de una decena de testigos, vinculadas a diferentes negocios en los que intervino Jordi Pujol Ferrusola, hijo mayor del ex presidente.
Muchos de los testigos han alegado el tiempo transcurrido -veinte años o más en los negocios y catorce desde que se abrió la investigación policial y judicial- para “no recordar” muchos de los detalles requeridos en los interrogatorios.
Muchos de los testigos alegan el tiempo transcurrido para “no recordar” muchos de los detalles de sus negocios con Jordi Pujol Ferrusola
López Salgueiro desgranó la complejidad de los procesos para autorizar un vertedero, en el que se exigen informes de calidad del agua y del aire, de la movilidad en la zona, que deben abrirse al debate ciudadano y que son autorizados por todos los niveles de la administración.
En ese sentido, y contando -dijo- con formación técnica y científica, su criterio no era permeable a influencias de terceros, tuvieran el apellido que tuvieran. Pero también, añadió, si se cumplieran los requisitos establecidos legalmente, era preceptivo autorizar la instalación.
Los consellers de aquel periodo fueron Felip Puig y Ramon Espadaler. Éste -hoy conseller de Justicia i Calidad Democrática en el gobierno de Salvador Illa- está citado como testigo en este juicio.
A preguntas de Carles Monguilod, que defiende al empresario de este ramo Josep Mayola, López Salgueiro detalló que como presidente de la ponencia de calidad ambiental él era responsable de la autorización, de la que legalmente era solidario el conseller que hubiera en ese momento, “entendiendo el conseller que su director general hacía las cosas correctamente”. “¿Recibió alguna demanda para haber tomado firmada alguna resolución injusta?”, le requirió. “Nunca”.
“Con estas medidas preventivas había un porcentaje elevado de posibilidades de que no habría incidencia”, ha argumentado el testigo, “sabiendo que el mundo no es perfecto y la técnica tampoco”.
Aureli Blasco fue el apoderado para la firma de la compra de un vertedero en nombre del área de medio ambiente de Fomento de Construciones y Contratas a la empresa Gestio i Recperació de Terrenys, que era de los acusados Miquel Buesa y Josep Mayola.
“Era importante para nuestra actividad de gestión de residuos poder cerrar el círculo, ya que teníamos que depositar los residuos en vertederos de la competencia”, argumenta, y por eso compraron ese vertedero en Tarragona.
“Ya teníamos el de Girona (Vacamorta) y era maravilloso poder contar con el de Tarragona”. Sobre la operación de compra, con una empresa que presentaba deudas, Blasco ha dicho que “en estos casos no damos gran importancia al saldo”.
La compañía que compraron tenía valor porque contaba con capacidad como gestor de residuos. De lo contrario, su valor habría sido “cero”. “Compramos a precio normal de mercado y fue amortizado antes de lo esperado”.
La acusación sostiene que Jordi Pujol Ferrusola entró en el capital de la empresa Gestió i Recuperació de Terrenys mediante la adquisición de un 33% de las acciones a través de la empresa Active Translation.
Esta operación se ejecuó el 7 de noviembre de 2002. Dos semanas antes se había producido una resolución del departamnt de Medi Ambient de la Generalitat que concedió la autorización ambiental al proyecto de construcción de un complejo de tratamiento de residuos en Tivissa. Y apenas tres días antes, el 4 de noviembre, la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Tivissa concedió la licencia de construcción del complejo.
Dos años después, la empresa Servitransfer (al 50% de los también acusados Buesa y Mayola) compró a Active Translation el 33% de las acciones de Gestió i Recuperació de Terrenys, por un total de 5.298.921 €. Un día después, el 21 de diciembre, la empresa Recuperació de Pedreres (dominada por FCC Medio Ambiente con un 80% del capital, frente al 10% de GBI y el 10% de Linx) compró la totalidad de la empresa Gestió i Recuperació de Terrenys por 15.896.770 €.
Este lunes ha declarado también Laura Cutillas, que vendió tres parcelas de la plaza Europa de L’Hospitalet. Este testigo ha expuesto que en aquellas fincas el ayuntamiento de la ciudad quería hacer vivienda protegida. Empezaron a negociar o conversar en 1996, cuando la edificabilidad en la zona era de 15.000 metros cuadrados, es decir, unas 140 viviendas en planta más cinco pisos.
En 1999 aumentó a 40.000, con apenas un 35% de vivienda libre y el resto protegido. Ese baremos creció finalmente hasta los 58.000 metros cuadrados, con planta más trece pisos y un total de 600 pisos.
La edificabilidad en la plaza Europa de L’Hospitalet creció de 140 a 600 pisos durante la recalificación urbanística, entre 1996 y 2005.
En abril de 2005 se escritura la venta de los terrenos a favor de una empresa del grupo Copisa, al que la fiscalía acusa de pagar comisiones millonarias a Jordi Pujol Ferrusola a cambio de que éste les consiguiera obra pública. Hasta el momento, en el juicio -que dura hasta mayo- no ha quedado constancia de que esto fuera así.
En la operación de venta intervinieron los sueños de Jordi Pujol Ferrusola, Ramon Gironès y Mercè Riera, que la visitaron y le exigieron una comisión por haber mediado. Les pagó una comisión de 670.000 euros, aproximadamente el 2% en este tipo de mediación; El precio de la parcela fue de 30 millones de euros. Cutillas ha dicho que hasta este mismo desconocía que dichos comisionistas lunes cobraron también de la parte compradora.
La empresaria ha añadido que ha sufrido un verdadero “acoso” del ayuntamiento de L’Hospitalet durante años, con continuas revisiones de impuestos y con la instalación de “un aparcamiento de camiones de basura” frente a su casa.
